Historia de Palestina

Tras la Guerra del Golfo que supuso el debilitamiento de Irak como potencia regional, que trastocó las alianzas en Oriente Medio y debilitó a la OLP, los Estados Unidos decidieron diseñar un nuevo orden regional que asegurase la estabilidad necesaria para sus intereses económicos (abastecimiento de hidrocarburos, mercados, etc). Para ello se hacía imprescindible resolver el conflicto árabe-israelí. Es así que, suplantando a las Naciones Unidas, forzaron a las partes, árabes e israelíes, a entablar negociaciones directas.

A finales de octubre de 1991 se celebró en Madrid la Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio, en la que participaron Israel y sus vecinos árabes. Los palestinos estuvieron representados por dirigentes de los territorios ocupados, en el seno de la delegación jordana. En la Conferencia se establecieron dos canales de negociaciones: encuentros bilaterales entre Israel y vecinos árabes para tratar sus contenciosos específicos; y encuentros multilaterales para los asuntos que afectan a todos: agua, refugiados, cooperación económica, seguridad …

En junio de 1992 los laboristas israelíes, más partidarios de un compromiso con los palestinos, volvieron al gobierno y retomaron las negociaciones. De inmediato constataron las dificultades para avanzar en las negociaciones bilaterales con los palestinos y la ineludibilidad de negociar directamente con la OLP. Ante los posibles costes internos de tal iniciativa se estableció un canal secreto de negociaciones entre laboristas y OLP, que daría resultados a mediados de 1993.

En septiembre de 1993 la OLP y el gobierno de Israel firmaron el Acuerdo de Oslo: las dos partes se reconocían mutuamente y suscribían una Declaración de principios para el autogobierno de los palestinos (DOP). En ella se establecía un período transitorio de 5 años, a lo largo del cual se fomentaría la confianza mutua, se establecería una primera área autónoma y se irían abordando gradualmente los diferentes aspectos de la disputa. El acuerdo fue bien acogido por la mayoría de la población palestina de los territorios ocupados y por la población israelí, aunque también hubo oposición de ciertos grupos de ambas partes. El acuerdo recibió el espaldarazo casi unánime de la comunidad internacional.

A raíz del Acuerdo en los siguientes meses se estableció una administración autónoma palestina, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con competencias limitadas y limitada a Gaza y Jericó, se creó una policía palestina, se liberaron a algunos presos palestinos, se autorizó el retorno de algunos dirigentes de la OLP… En la DOP, los temas más delicados (refugiados, colonos, Jerusalén, estatuto definitivo de la entidad palestina) se pospusieron para una segunda fase.

Sin embargo la prosecución, por parte de Israel, de las actividades de colonización, de la confiscación de tierras y de la judaización de Jerusalén Este, así como los retrasos israelíes en la implementación de los acuerdos y la continuación de facto de la ocupación israelí agudizaron las críticas internas. Ante las protestas palestinas Israel hizo uso de sus instrumentos de coerción: cierres de los territorios, represión, retención de los presos palestinos, etc. En el campo palestino, la oposición al proceso fue liderada por los grupos islamistas, algunos de cuyos grupos recurriría a los atentados indiscriminados contra objetivos israelíes.

En septiembre de 1995 se firmaron los Acuerdos de Taba (Oslo II) que ampliaron las áreas autónomas a las principales ciudades de Cisjordania y las competencias de la ANP. Sin embargo Israel siguió controlando militarmente la mayor parte (el 96%) de los territorios palestinos. En enero de 1996 tuvieron lugar las elecciones palestinas; Arafat fue legitimado como presidente de la ANP y fue elegido un Consejo Legislativo (parlamento).

Del lado israelí también creció la oposición israelí al proceso; los ultranacionalistas clamaron traición y el grueso de la población sintió inseguridad ante la violencia palestina en Israel. En noviembre de 1995 fue asesinado el primer ministro israelí Isaac Rabin a manos de un extremista judío. Los laboristas, defensores del proceso de paz pero que aparecían como incapaces de dar seguridad a su población, perdieron las elecciones de mayo de 1996.

Durante estos últimos tres años la población palestina ha visto como el calendario del proceso de paz se ha atrasado y las medidas previstas no se han cumplido, mientras que sus condiciones de vida se deterioran día a día. El proceso de paz no responde claramente a sus legítimos derechos y no resuelve integralmente la cuestión palestina.

La comunidad internacional ha repetido en numerosas ocasiones la necesidad de alcanzar un acuerdo negociado (ni violento, ni unilateral), justo (que no legitime la violencia pasada y que recoja los justos derechos de las partes) y duradero. Sin embargo el inicio de las conversaciones para resolver la cuestión palestina y pacificar la región no ha sido el resultado de la presión de esa comunidad internacional, ni se ha basado en las numerosas resoluciones de NNUU, sino se ha debido al interés norteamericano de estabilizar la región. Esta postergación de encontrar una solución justa ha marcado y dificultado todo el proceso.

Sólo habrá paz en Israel y en los Territorios Palestinos cuando se de respuesta al fondo de la cuestión palestina. Una paz justa sólo es posible abordando las raíces del conflicto, atendiendo a los legítimos derechos de las partes y creando condiciones para la plena realización de los proyectos colectivos de las dos poblaciones.

Pretender una pacificación funcional sin resolver las causas, sólo pospone un nuevo brote del conflicto. Abordar las causas y la globalidad del conflicto requerirá sin duda la más amplia presión internacional, y mediar para generar confianza, consolidar un marco para el diálogo, identificar medidas concretas y llevar a cabo actividades cooperativas.

Dada la desigualdad de las partes, la creación de condiciones para una paz duradera ha de traducirse ante todo en un firme apoyo internacional a la parte palestina para que logre una mayor autonomía económica y se consolide institucionalmente, en suma ayudar a la viabilidad del Estado palestino. Para ello se hace imprescindible superar el tutelaje norteamericano al proceso de paz, y ampliar y diversificar el involucramiento internacional.

Décadas de conflicto han generado un sustrato de desconfianza mutua y demonización del otro que dificultan el diálogo y la cooperación. Su superación no es tarea de unos pocos años. Sólo un apoyo internacional amplio permitirá abordar una tarea que habrá de prolongarse en el tiempo

9 de septiembre de 1993

Este hecho se produjo un año después de la victoria del partido laborista en las elecciones israelís (23 de junio de 1992). Yasser Arafat reconoció el derecho a existir al Estado de Israell y Yitzhak Rabin, por su parte, aceptó a la OLP como representante del pueblo palestino. Este reconocimiento mutuo tuvo lugar unos días antes de la firma de la Declaración de Principios (Oslo I) en Washington.

13 de septiembre de 1993

Después de muchos meses de negociaciones secretas propiciadas por el Gobierno de Noruega, el 20 de agosto de 1993, las delegaciones israelí y la jordano-palestina (OLP) llegaron a un Acuerdo (conocido por el nombre de Oslo I), por el cual se abrían las puertas al reconocimiento del Estado de Israel, a la autonomía de Cisjordania y Gaza, y al futuro estatuto de Jerusalén. Este documento regula las relaciones entre las dos partes durante el período provisional de cinco años. Durante estos cinco años se tenían que negociar.

4 de mayo de 1994

Este Acuerdo significó la definitiva puesta en marcha de la Autonomía Palestina (AP) para Gaza el área de Jericó.

Mediante este Acuerdo quedó establecida la dimensión del área de Jericó y la parte de la franja de Gaza que pasaría a manos palestinas (que finalmente supuso 40%). También se acordó el reparto de las competencias entre palestinos e israelís.

La jurisdicción del organismo autónomo incluía la tierra, el subsuelo y las aguas territoriales. Por el contrario, la jurisdicción de la autonomía palestina no incluyó ni las áreas de repliegue israelí (instalaciones militares y asentamientos), ni los ciudadanos israelís.

También quedó limitada la capacidad del organismo autónomo en el campo de las relaciones exteriores (incapacidad de recibir o enviar misiones).

Sin embargo, el Acuerdo habilita al organismo autónomo palestino para establecer acuerdos económicos, de asistencia, culturales, educacionales y científicos y a implementar los planes de desarrollo regional en su jurisdicción.

Por otra parte, este documento especifica la capacidad y la forma de los poderes ejecutivo y legislativo de la autonomía. También explicita las bases y las condiciones para la creación de una policía palestina. Ésta tendrá fuertes restricciones en su actuación, pero sobre todo por lo que respecta a la adquisición y uso de armas de fuego.

28 de septiembre de 1995

Mediante este Acuerdo se regulaba y se extendía el régimen de autonomía en Cisjordania.  Recordemos que Oslo I sólo hacía referencia a la franja de Gaza y la zona de Jericó.

Según este Acuerdo, Cisjordania (excepto el municipio de Jerusalén) quedó dividida en tres zonas -zonas de tipo A, B y C.

El Acuerdo estableció que las zonas de tipo A quedarían totalmente bajo control de la autoridad palestina. Las zonas de tipo A comprendían Jericó y todas las ciudades palestinas importantes (Yénin, Nablus, Tulkarem, Kalkilya, Ramallah, Belen y Hebrón).

Las zonas de tipo B serían aquellas donde el control de la AP no sería total. La AP sólo tendría el control de los municipios, pero el Ejército israelí tendría la potestad de entrar y actuar para reprimir el terrorismo. Las zonas de tipo B de Cisjordania están formadas por una docena de regiones rurales y todas las ciudades pequeñas de población palestina. El conjunto de las zonas A y B con apenas ocupan 30% del territorio, pero concentran 90% de la población palestina de Cisjordania.

Las zonas de tipo C serían aquellas que quedarían totalmente bajo control israelí. Este territorio comprende 70% de Cisjordania (las mejores tierras, toda la ribera oeste del río Jordano y el mar Muerto) y comprende todas las colonias judías.

El resultado de esta división es que las zonas bajo control palestino (A y B) quedan aisladas y ni siquiera tienen continuidad territorial. Todas las zonas palestinas quedan rodeadas por enclaves israelís con presencia del Ejército.

La primera retirada del Ejército israelí (zonas A) se produjeron en diciembre de 1995, pero no fue completa. Los problemas sugieron en la ciudad de Hebrón. Un grupo de judíos ultraortodoxos en el centro de la ciudad de la ciudad retrasó esta salida hasta el 19 de enero de 1997.

Protocolo para el repliegue en Hebrón

18 de enero de 1997

Mediante este Acuerdo, ya bajo el mandato del primer ministro Netanyahu, se produjo la retirada israelí de la ciudad de Hebrón (un año más tarde de lo que preveía Oslo II). Pero esta retirada no fue total. El Ejército israelí sólo se retiró de 80% de la ciudad. Esto provocó la división de la ciudad en dos. Este Acuerdo sólo supuso el primer de los tres repliegues previstos en Oslo II.

23 de octubre de 1998

Las conversaciones de Wye en octubre de 1998 tenían el objetivo de desbloquear el proceso de implementación del repliegue israelí en Cisjordania previsto en Oslo II.

Una vez más, Israel jugó la carta de la inseguridad para bloquear el proceso. Israel se negó a ceder más territorio amparándose en su percepción de que la AP no controlaba de forma suficiente a los grupos violentos.

Finalmente, se llegó a un Acuerdo muy forzado por Bill Clinton. Mediante este Acuerdo, Israel se comprometió a ceder 13 % (zona de tipo C), es decir, a lo que ya estaba obligado por el Acuerdo interino (Oslo II). De este 13% (C), 1% tenía que pasar a zona de tipo A y 12% restante a zona de tipo B. A cambio, la AP aceptaba la supervisión de EUA en la lucha contra los grupos y actor violentos.

Para esta tarea, el Acuerdo de Wye establece la creación de un Comité EUA-palestino y un Comité tripartito EUA-israelí-palestino. Según el Memorándum de Wye River, el timing para su aplicación quedó estipulado en 3 meses (al final de enero de 1999).

4 de septiembre de 1999

Mediante este acuerdo las dos partes, el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, se comprometieron a implementar todos los acuerdos firmados desde septiembre de 1993 (reconocimiento mutuo y acuerdos de Oslo). También profundizaron sobre los diversos temas pendientes: negociaciones respecto al estatus final permanente de los territorios ocupados, despliegue israelí y extensión del territorio y responsabilidades de la Autoridad Palestina, liberación de prisioneros, el puerto marítimo de Gaza, la comunicación terrestre entre Gaza y Cisjordania, la ciudad de Hebrón, seguridad, etc.

Para el que hace a la negociación del Estatus permanente, ambas partes se comprometen a reprender los contactos en los términos acordados en la agenda y de forma fluída, para llegar a un acuerdo final antes de cinco meses desde la represa de los contactos (que formalmente se reprendieron en septiembre de 1999). En el texto del acuerdo ambas partes afirman entender que la negociación ha de llevar a la implementación de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La delegación palestina, pero, reconoció que también será necesario cumplir las resoluciones 194 (1948) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (retorno de los refugiados) y 465 (1980) del Consejo de Seguridad (desmantelamiento de los asentamientos judíos de los territorios ocupados) para llegar a una solución satisfactoria. El Acuerdo para el estatus permanente habría de llegar, según lo establecido al documento y los acontecimientos (1a y 2a de las nuevas fases del despliegue finalizadas en marzo de 2000), durante el mes de septiembre del año 2000. Que se llegue a un acuerdo dependerá de las mismas negociaciones y de la estabilidad del Gobierno israelí de Ehud Barak.

Para el que hace proceso de repliegue israelí los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, el acuerdo prevé la puesta en marcha de tres nuevas fases:

– 5 de septiembre de 1999: transferencia de 7 % de zona C a zona B.

– 15 de noviembre de 1999: transferencia de 2 % de zona B a zona A; 3 % de zona C a zona B.

– 20 de enero de 1999: transferencia de 1% de zona C a zona A;  5,1 % de zona B a zona A.

Como resultado de los dos primeros repliegues, finalizados durante el mes de marzo de 2000, 18 % del territorio de Cisjordania es actualmente zona A y el 21 % zona B.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores isaraelí (18 de junio de 2000), 40 % del territorio de Cisjordania está bajo control de la Autoridad (Nacional) Palestina.

Para el que hace a los prisioneros, ambas partes se comprometieron a poner en marcha un comité conjunto para solucionar y supervisar el cumplimiento del acuerdo. Israel se comprometía a liberar a todos los presos palestinos que cometieron delitos antes del 13 de septiembre de 1993 y que fueron detenidos antes del 4 de mayo de 1994. La primera fase quedó fijada para el 5 de septiembre de 1999 (200 presos) y la segunda, para el 8 de octubre de 1999 (150 prisioneros. Asimismo, Israel se comprometió a intentar liberar a todos los presos palestinos antes del siguiente Ramadán (diciembre de 1999).

Para la construcción del puerto marítimo de Gaza, los israelíes aceptaron que la Autoridad Palestina comience las obras el día 1 de octubre de 1999. También acordaron que no estaría abierto al funcionamiento hasta que viera la luz un protocolo que definiera los aspectos de su funcionamiento, incluida la seguridad y el control de movimiento de mercaderías y personas.

En este acuerdo también se habló de la ciudad de Hebrón(compromiso para la revisión de la situación de la Tumba de los Patriarcas -Al Haram Al Ibrahinmi–, y para la apertura de la carretera de Shusada a los vehículos palestinos), y de la seguridad. En este último punto, la Autoridad Palestina se comprometió a implementar todas las obligaciones de los acuerdos previos, pero especialmente las que se derivan del Memorándum de Wye River (confiscación de armas ilegales o no controladas en los territorios bajo su control o zonas A y B, la detención de sospechosos y la confección de la lista de nombres de los miembros de la policía palestina).

Al mismo tiempo, ambas partes se comprometieron a no hacer ningún paso para modificar el actual estatus de Cisjordania y la Franja de Gaza, en la espera de las negociaciones sobre el Estatus Permanente.

Un refrán árabe dice que la paciencia es la llave de la felicidad. De ser cierto, los palestinos deberán seguir siendo pacientes si quieren proclamar algún día el nacimiento de su Estado. Esto es al menos lo que podía deducirse cuando se interrumpieron las negociaciones que se celebraron en la residencia presidencial de Camp David (Maryland) en el verano de 2000. El momento elegido para la celebración de esa ronda intensiva de conversaciones no fue casual. En realidad, la cumbre de Camp David fue condicionada por una serie de acontecimientos registrados en la región en los meses anteriores:

La reciente desaparición del presidente sirio Hafez al-Asad que relegó la paz israelo-siria a un segundo plano hasta que su hijo, BASHAR, fuese capaz de asentar su autoridad.

La intención de Yasir Arafat, presidente de la ANP, de declarar unilateralmente la creación de un Estado el 13 de septiembre siguiente, cualesquiera que fuesen los resultados de las conversaciones de paz.

La disposición de la UE a reconocer este Estado, tal y como señaló en su Declaración de Berlín emitida en la Cumbre de Jefes de Estado de los Quince el 25 de marzo de 1999.

El deseo del presidente Bill Clinton de pasar a la Historia como el artífice de la paz palestino-israelí y el responsable de la finalización del conflicto de Oriente Medio.

Para facilitar el avance del proceso de paz, la administración estadounidense defendió durante años el argumento de «la ambigüedad constructiva», según el cual los asuntos más delicados serían relegados al período final de las negociaciones para evitar un colapso. Después de varios años de aplazamiento llegó la hora de la verdad: el momento de abordar el estatuto de Jerusalén, la situación de los 200.000 colonos que viven en asentamientos sobre territorios palestinos y el futuro de los cuatro millones de refugiados residentes en los países árabes vecinos.

Los puntos claves

A pesar de que la cumbre de Camp David se caracterizó por su secretismo, es posible resumir las POSICIONES que tuvieron las dos delegaciones recuperando el contenido de las negociaciones secretas celebradas en Estocolmo durante el mes de junio de 2000, filtrado por el diario conservador israelí Yediot Ahronot.

Israelíes y palestinos consideran a JERUSALÉN como su capital irrenunciable, con la salvedad de que Israel ocupa la parte oriental de la ciudad desde 1967 y desde entonces se ha obstinado en separarla físicamente de Cisjordania por medio de una serie de barreras policiales, carreteras de circunvalación y círculos concéntricos de asentamientos. En un futuro, Israel pretendería imponer su soberanía sobre la ciudad, pero los palestinos exigen el control de los barrios árabes y los lugares santos musulmanes y cristianos.

El asunto de los asentamientos de colonos judíos levantados en los últimos 30 años en CISJORDANIA Y GAZA no tiene tampoco una solución sencilla debido a que el gobierno israelí pretende anexionarlos, mientras que los palestinos reclaman su desmantelamiento. Entre las alternativas que se barajaron en Estocolmo figuraba la anexión israelí de las mayores concentraciones de asentamientos (entre un 8% y un 10% del territorio palestino) a cambio de una cesión de territorio israelí en el área fronteriza de Gaza. De esta manera, gran parte de los 200.000 colonos quedaría bajo soberanía israelí, mientras que otros 40.000 deberían elegir entre el retorno a Israel o vivir en un Estado palestino.

El futuro de los REFUGIADOS es el asunto más delicado ya que afecta a cerca de cuatro millones de palestinos que se vieron forzados al exilio tras las guerras de 1948 y 1967. La mayor parte de ellos viven en Cisjordania, Gaza, Jordania, El Líbano y Siria. La resolución 181 de la Asamblea General de la ONU reclama el retorno a sus hogares o su compensación monetaria. El regreso es una opción improbable debido a que sus tierras y posesiones han sido embargadas por Israel en virtud de la Ley de Ausentes, y su llegada plantearía un problema de primera envergadura ya que amenazaría el carácter judío de Israel. Por ello, EEUU e Israel consideraban que la mejor opción sería la naturalización de los refugiados en los países de acogida, y su compensación por medio de la creación de un fondo internacional de 100.000 millones de dólares que se distriburían de la siguiente manera: 40% para los palestinos, 40% para Jordania, y el 20% restante a repartir entre Siria y El Líbano.

¿Por que fracaso Camp David?

La extrema complejidad de estas tres cuestiones explica el FRACASO de la cumbre de Camp David. Tanto el primer ministro israelí Ehud Barak como el presidente palestino Yasir Arafat reiteraron una vez tras otra la existencia de unas líneas rojas que no sobrepasarían por muchas presiones que recibiesen. Para ambos, el acuerdo final debería respetar unos mínimos elementales que satisfaciesen a las opiniones públicas israelí y palestina.

Aunque ambos líderes necesitaban un balón de oxígeno que justificase las posibles concesiones a presentar en un futuro en el marco de un acuerdo final, parece claro que no se encontraban en la misma situación. Desde su arranque, el proceso de paz ha evidenciado un DESEQUILIBRIO evidente entre israelíes y palestinos. ISRAEL cuenta con el respaldo inequívoco de EEUU, es la mayor potencia militar y económica de la región, y tutela las actividades de la autonomía palestina. La ANP, de su parte, es sumamente vulnerable a las presiones exteriores, especialmente de sus dos principales valedores —EEUU y la UE—, y únicamente cuenta con la fuerza de saberse poseedora de la razón. Como recordaba Abdallah Hurani, eminente político palestino, en un artículo publicado en la prensa árabe, «todos los asuntos a negociar se encuentran en manos de Israel: la tierra, los refugiados, Jerusalén y la colonización. La parte palestina no puede ofrecer a los israelíes nada más que la paz».

6 de mayo de 2001
El Informe Mitchell es el resultado del mandato del Presidente Clinton (octubre de 2000) a una comisión de expertos, encabezada por el senador norteamericano George J. Mitchell, para que estudiasen la situación de violencia generada en Israel y en los territorios ocupados, sus causas y las posibles salidas. Este informe describe la situación creada por la denominada “Intifada de Al-Aqsa”, inaugurada a partir de la visita de Ariel Sharon a la explanada de las Mezquitas, y cuales son los pasos a seguir por las dos partes para detener la violencia, construir de nuevo la confianza entre los interlocutores y retomar las conversaciones de paz. El informe evita en todo momento responsabilizar a Israel y la visita de Sharon a la explanada de las Mezquitas, como detonante de la violencia. Como contrapartida también admite que la nueva intifada es una reacción no planificada desde la Autoridad Palestina. En este sentido, más que un informe, el escrito parece una declaración pactada. El informe trata de desglosar los pasos necesarios para retomar la vía de la negociación. En una primera fase, deben tomarse medidas para poner fin a la violencia, para a continuación sentar las bases de una nueva confianza mutua. En una tercera y última fase el informe hace una serie de recomendaciones a las partes con el objeto de retomar las negociaciones. A la Autoridad Palestina le reclama una total firmeza en la lucha contra el terrorismo proveniente del lado palestino, y la reanudación de la cooperación en materia de seguridad con Israel y los supervisores de los EE.UU. (la CIA). Esa cooperación debe transformarse en un mayor control de los grupos radicales y de los palestinos que van a trabajar a Israel, y evitar así, la proliferación de atentados suicidas en territorio israelí. Por otro lado, el informe recomienda al gobierno israelí la puesta en marcha de varias medidas. En primer lugar, detener toda construcción de nuevos asentamientos de población o ampliación de los ya existentes en los territorios ocupados, ni siquiera para hacer frente al crecimiento demográfico. Una de las excusas habituales del gobierno israelí es que la ampliación de los asentamientos responde únicamente a la necesidad de hacer frente al crecimiento de la población. En segundo lugar, que Israel devuelva sus efectivos militares a las posiciones que ocupaba antes del 28 de septiembre de 2000. El informe también recomienda a Israel que ponga fin a la política de cierre de territorios, que no permite acudir a trabajar a un importante número de palestinos, aumentando si cabe la crisis económica que padecen los territorios ocupados. Por último, el informe recomienda a Israel que responda de manera proporcionada a las provocaciones y a los disparos que provengan de zonas palestinas, y a ser posible que utilice armas no-letales. Recomendamos la lectura del documento, que en algunas afirmaciones realiza verdaderas acrobacias verbales para evitar hacer acusaciones obvias a alguna de las partes.

Crear un clima de confianza que permita reanudar el proceso de paz y, en último término, alcanzar la independencia palestina. Ese es el principal objetivo que inspiró la Hoja de Ruta, el plan de paz elaborado por el Cuarteto de Madrid (EEUU, UE, Rusia y la ONU) para aportar luz al conflicto de Oriente Próximo. El incremento de la violencia y la política de «hechos consumados» basada en alterar por la fuerza la naturaleza de los territorios ocupados han sido los principales obstáculos que, por el momento, han convertido el proyecto en simple papel mojado.

La Hoja de Ruta prevé el establecimiento de un Estado palestino, primero con un carácter difuso a finales de 2003 y después a finales de 2005 con «unas fronteras seguras y reconocidas» (como reclama la resolución 1397 del Consejo de Seguridad de 12 de marzo de 2002) en el marco de un acuerdo global en Oriente Medio. Como en los fracasados Acuerdos de Oslo, reclama un proceso de paz por etapas basado «en el principio de ‘tierra a cambio de paz’ de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad», pero —y aquí está la novedad— también «en la resolución 1397, así como en los acuerdos previamente alcanzados por las partes, y en la iniciativa árabe propuesta por el príncipe heredero saudí Abdallah y respaldada por la Cumbre Árabe de Beirut».

Es decir: un proceso que ofrezca a los palestinos un Estado independiente en un contexto de plena normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe. Es imprescindible que el emergente Estado sea viable y no un «Estado difuso» como pretende imponer Israel: es decir un Estado sin unas fronteras claras y con una soberanía limitada.

La implicación de la Comunidad Internacional

El Cuarteto nació en 2001 con la intención de cerrar el círculo vicioso de violencia y desesperación iniciado con la irrupción de la Intifada y proseguido con su desmedida represión por parte del Gobierno Sharon. En cierta medida, la implicación de la comunidad internacional reconoce el fracaso de EEUU que, debido a su estrecha alianza con Israel, ha sido incapaz de ejercer como un mediador honesto entre las partes.

El embajador Miguel Ángel Moratinos, representante especial de la Unión Europea para la zona, describía la situación de manera gráfica al considerar que «una vez agotadas las expectativas creadas con la llegada del gobierno laborista de Ehud Barak y tras la falta de acuerdo a pesar del compromiso activo del presidente Clinton, se hicieron patentes los límites del ‘sacrosanto’ modelo de la pax americana». El propósito sería, a partir de entonces, «cambiar la metodología de trabajo e intentar compartir la pesada carga de la mediación en Oriente Próximo con otros actores internacionales».

Un calendario incumplido

La Hoja de Ruta fijó tres fases claramente delimitadas:

HASTA MEDIADOS DE 2003. Final del terrorismo y la violencia, normalización de la vida de los palestinos, reforma de las instituciones palestinas, congelación de la colonización israelí de los territorios palestinos (incluido el “crecimiento natural de los asentamientos”).

DE MEDIADOS A FINALES DE 2003. Aprobación de una Constitución palestina y creación de un Estado con «fronteras provisionales» en el marco de una Conferencia Internacional como paso intermedio a una solución definitiva.

2004-2005. Solución permanente de las cuestiones pendientes (refugiados, Jerusalén, asentamientos y fronteras) y celebración de una segunda Conferencia Internacional que ponga punto final al conflicto israeli-palestino y normalice las relaciones entre Israel y el mundo árabe.
Ante el incumplimiento de este calendario, la Unión Europea anunció en octubre de 2004 su intención de poner en marcha un nuevo plan, respetando los principios básicos fijados en la Hoja de Ruta, para garantizar la existencia de un futuro Estado palestino.