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CIJ audiencias públicas para abordar obligaciones de Israel hacia agencias ONU en Palestina

CIJ celebra audiencias públicas para abordar las obligaciones de Israel hacia las agencias de ONU en Palestina

LA HAYA, 28 de abril de 2025 (WAFA) – La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, inició el lunes audiencias públicas sobre una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel hacia las Naciones Unidas y sus agencias en los territorios palestinos ocupados.

Elinor Hammarskjöld, asesora jurídica del Secretario General de la ONU, António Guterres, confirmó que Israel tiene obligaciones como potencia ocupante, entre ellas garantizar la seguridad de los trabajadores médicos y facilitar el trabajo de las organizaciones humanitarias para salvaguardar las vidas de los civiles.

En su declaración ante el tribunal, destacó que, como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades humanitarias en los territorios ocupados y gestionar las zonas bajo su control de acuerdo con el derecho internacional.

Hammarskjöld también afirmó que Israel había incumplido sus obligaciones respecto a la inmunidad del personal de la ONU y reafirmó la posición de la organización contra cualquier interferencia externa en el funcionamiento de las agencias internacionales.

La suspensión de las operaciones de UNRWA por parte de Israel se describió como una extralimitación de autoridad que podría indicar una extensión unilateral de la soberanía sobre el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Esta acción, según ONU, contraviene los compromisos internacionales de Israel y obstaculiza esfuerzos humanitarios vitales.

Además, afirmó que respetar el Derecho Internacional es esencial para proteger a los civiles y permitir que el personal de la ONU realice su trabajo sin enfrentar riesgos inaceptables.

En respuesta a las acusaciones de Israel contra UNRWA, afirmó que ONU toma en serio las acusaciones de parcialidad dentro de sus agencias y que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para abordar las preocupaciones y garantizar su neutralidad.

En sus alegatos, el Embajador Palestino en los Países Bajos, Ammar Hijazi, afirmó que el pueblo palestino sufre hambruna, bombardeos y desplazamiento forzado por parte de Israel, la potencia ocupante. Señaló que Israel ha impedido la entrada de alimentos, agua, medicamentos, suministros médicos y combustible a la Franja de Gaza durante los últimos dos meses, una política apoyada por el Tribunal Supremo de Israel, que rechazó múltiples apelaciones para permitir la entrada de ayuda a Gaza.

Subrayó que este desastre provocado por el hombre atenta contra la vida misma y amenaza de muerte a los palestinos, incluso a causa del hambre, que ya se ha cobrado la vida de 59 niños.  Continuó:

“Estamos aquí porque la Asamblea General solicitó a la Corte que determinara las obligaciones jurídicas de Israel en relación con la prestación de ayuda humanitaria por parte de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y terceros Estados —ayuda esencial para la supervivencia de los civiles palestinos—, así como en relación con el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”.

Explicó además que esta solicitud se produce en respuesta a la indignación internacional por los ataques sistemáticos, la prohibición y la obstrucción por parte de Israel de estas entidades, incluida la promulgación de leyes que impiden a UNRWA llevar a cabo su mandato en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este.

Hijazi aclaró que Palestina presentará pruebas durante estos procedimientos sobre las consecuencias destructivas inmediatas, a mediano y largo plazo de la política ilegal de Israel sobre el pueblo palestino, que afectan todos los aspectos de sus derechos fundamentales y su existencia continua.

También señaló que Palestina demostraría a la Corte cómo las acciones prohibidas de Israel se extienden a la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, ya que el objetivo de esas acciones, como lo reconocieron altos dirigentes israelíes, es la anexión permanente de tierras palestinas y la limpieza étnica de los palestinos.

Explicó que Palestina argumentaría que las acciones de Israel constituyen violaciones flagrantes y persistentes de sus obligaciones, incluido el derecho a la libre determinación, la prohibición del desplazamiento forzado, la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra y la protección del personal de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias.

Hijazi añadió que la delegación palestina solicitará a la Corte que emita una opinión consultiva que establezca claramente que la ocupación por Israel de los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este, es ilegal y debe terminar de inmediato; que las acciones de Israel al impedir la ayuda humanitaria y obstruir la labor de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias violan sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional; que todos los Estados deben abstenerse de apoyar o ayudar a la ocupación ilegal y adoptar medidas eficaces para garantizar su fin; y que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deben continuar su labor humanitaria y cumplir con sus responsabilidades de conformidad con el derecho internacional, a pesar de la obstrucción israelí.

De acuerdo con la agenda de la Corte, las audiencias están programadas para realizarse del 28 de abril al 2 de mayo de 2025. Cuarenta y cuatro países y cuatro organizaciones internacionales han manifestado su intención de participar en los procedimientos ante la Corte.

Esta medida responde a una decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del año pasado, a propuesta de Noruega. La resolución insta a la Corte Internacional de Justicia a emitir una opinión consultiva que aclare las obligaciones de Israel en cuanto a la facilitación de la ayuda humanitaria urgente a los palestinos y garantice que dicha asistencia no se vea obstaculizada.

Embajador Riyad Mansour en la audiencia de la CIJ:

«Israel se anexiona nuestra tierra. Asesina, saquea y desplaza para destruir a nuestro pueblo. Roba nuestros recursos e ingresos. Fragmenta nuestro territorio. Restringe severamente nuestra circulación y acceso. Desde el bloqueo de 18 años sobre Gaza hasta los casi 1.000 puestos de control militares y obstáculos al acceso y la circulación en Cisjordania, pasando por los intentos de separar Jerusalén Este de su entorno palestino. Asesinar y desplazar. Destruir para reemplazar. Eliminar la demografía palestina para apoderarse de la geografía palestina. Los métodos son ilegales e inhumanos… los verdaderos objetivos que se persiguen son ilícitos… y los medios empleados son criminales».