La Asociación Médica de Israel anunció su negativa absoluta a participar en la ejecución de prisioneros palestinos, tras el debate en la Knesset sobre el proyecto de ley de pena de muerte impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. El Departamento de Ética del gremio advirtió que los tratados internacionales y el Código Médico prohíben estrictamente que los doctores actúen como verdugos, imposibilitando la aplicación de la inyección letal contemplada en la propuesta legislativa. Ante las afirmaciones de Ben-Gvir sobre la existencia de médicos dispuestos a ser «voluntarios» para matar prisioneros, la Asociación reafirmó que la misión médica es exclusivamente salvar vidas, marcando una línea roja ética infranqueable frente a la institucionalización de las ejecuciones de Estado.  

Las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han intensificado sus implacables ataques militares en Gaza, cometiendo nuevos crímenes que han asesinado a 88 palestinos, incluidos ocho niños, y heridas a al menos otros 870 en tan solo una semana. Desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre pasado, Israel ha cometido 500 violaciones, elevando la cifra de muertos a 69.756 palestinos mártires y 170.946 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Además, la situación humanitaria es extremadamente crítica, especialmente con la llegada del invierno y el bloqueo israelí de suministros esenciales a la Franja, con un posible apagón total de las comunicaciones tras la negativa de Israel a atender las solicitudes urgentes de reparación. Un apagón de ese tipo perturbaría significativamente las operaciones humanitarias, obstaculizaría los mecanismos de respuesta de emergencia y aislaría aún más a las personas, la mayoría de las cuales están desplazadas.

Con el 92% de las viviendas destruidas por el genocidio israelí en Gaza, la vida de los palestinos sigue amenazada ante la inminente amenaza de condiciones climáticas extremas. Según el último Informe de la Situación Humanitaria de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), las fuertes lluvias e inundaciones de la semana pasada dañaron por completo 13.000 tiendas de campaña, afectando a más de 740.000 personas en 715 asentamientos para desplazados. Destacando el impacto de las fuertes lluvias de la semana pasada en Gaza, IMEU declaró: «Las lluvias devastadoras en Gaza demuestran lo duro que será el invierno para los palestinos si Israel sigue bloqueando la ayuda».

Un informe reciente de Human Rights Watch expone los crímenes de guerra, de lesa humanidad y la limpieza étnica de palestinos cometida por Israel en Cisjordania, en particular el desplazamiento forzado de 32.000 palestinos de sus hogares en los campos de refugiados de Tulkarem y Nur Shams, en el norte de Cisjordania. En sus conclusiones, Human Rights Watch concluyó: «El desplazamiento de la población de los campos de refugiados de Cisjordania por parte del ejército israelí a principios de 2025 se llevó a cabo en violación del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad».

🔴Por “motivos arqueológicos”: Israel busca expropiar 147,3 hectáreas en Nablus

La Comisión de Colonización y Resistencia al Muro reveló que las autoridades de ocupación israelíes pretenden confiscar 147,3 hectáreas de tierra en las localidades de Sebastia y Burqa, en la gobernación de Nablus, mediante una orden de expropiación (25/2), dirigida contra el yacimiento arqueológico de la zona. El jefe de la Comisión, Mu’ayyad Sha’ban, advirtió que esta decisión supone una peligrosa escalada dentro de un plan más amplio que utiliza la arqueología como pretexto para una anexión gradual. Destacó que Israel está explotando el patrimonio arqueológico palestino para imponer la soberanía israelí y transformarla en una herramienta colonial y política. Explicó además que esta medida forma parte de las continuas maniobras legislativas y legales destinadas a imponer una anexión de facto de Cisjordania con el pretexto de proteger los yacimientos arqueológicos. Sha’ban también destacó un proyecto de ley presentado recientemente en la Knéset busca ampliar los poderes de la llamada «Autoridad de Antigüedades de Israel» para incluir Cisjordania. Esto, señaló, constituye una anexión de facto al extender el control administrativo y legal israelí en los Territorios Ocupados Palestinos, allanando el camino para una forma de anexión «legal» encubierta. Peace Now criticó la medida como parte de un esfuerzo más amplio de despojo y expansión de asentamientos que viola el derecho internacional y socava las perspectivas de una solución pacífica, afirmando que el plan confiscaría tierras pertenecientes a las aldeas palestinas de Burqa y Sebastia, incluyendo miles de olivos. “La tierra es de propiedad privada y está registrada en el registro de tierras por propietarios palestinos”, afirmó, y agregó que “el afán de despojo y anexión del gobierno israelí no tiene límites, y está dispuesto a violar abiertamente el Derecho Internacional para lograrlo”.

UNRWA: El 90% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria y de una comida cada 24 horas

UNRWA confirmó que la situación humanitaria en la Franja de Gaza sigue siendo catastrófica a pesar del alto el fuego, señalando que Israel impide la entrada de su personal internacional y restringe la entrega de ayuda humanitaria, lo que ha provocado un retraso de aproximadamente 6.000 camiones de alimentos en los cruces fronterizos. En un comunicado, el organismo afirmó que más del 90% de la población de Gaza depende completamente de la ayuda humanitaria, y muchos reciben solo una comida cada 24 horas. Un promedio de 170 camiones ingresan a la Franja diariamente, una cifra muy inferior al mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas.
La agencia declaró que unos 44.000 niños en la Franja de Gaza reciben educación en circunstancias difíciles en 330 espacios de aprendizaje temporales ubicados en 59 albergues. Enfatizó que muchos niños se ven obligados a sentarse en el suelo frío debido a la falta de escritorios y sillas, lo que dificulta el aprendizaje y afecta su sensación de seguridad y estabilidad.
La agencia reveló que han asesinado a 380 empleados desde el inicio de la guerra, mientras que el 90% de sus casi 300 instalaciones han resultado dañadas por los bombardeos israelíes, lo que ha provocado una drástica disminución de su capacidad operativa.

En un informe reciente, la organización israelí Peace Now expone los planes de Israel de desplazar ilegalmente a decenas de familias palestinas de sus hogares en la aldea de Qalandiya, en la Jerusalén ocupada, anexando alrededor de 130 dunams de tierra, todo para dar paso a la construcción de una planta de tratamiento de residuos. Peace Now afirma: «El afán de anexión y despojo del gobierno no tiene límites. Como si no hubiera otro lugar en la zona de Jerusalén para construir una planta de tratamiento de residuos aparte de los pocos dunams que quedan a los residentes de Qalandiya tras décadas de expropiaciones y vallas».