El documental NAZA, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, reúne testimonios de 24 integrantes, actuales y retirados, de las Fuerzas de Ocupación Israelí y sus servicios de inteligencia involucrados en ataques de la guerra genocida sobre la Franja de Gaza. Filmado en secreto durante tres años, de noche en azoteas de Tel Aviv, examina los sistemas empleados para vigilar a la población palestina y seleccionar objetivos, incluidas tecnologías basadas en inteligencia artificial y datos extraídos de los teléfonos móviles de palestinas y palestinos.

Los relatos describen cómo las víctimas civiles previstas como «daño colateral» se incorporaban al cálculo de cada ataque, incluidos bombardeos contra viviendas donde se sabía que había familias. El título alude a un término militar israelí para el número de civiles que se prevé asesinar como «daño colateral».

NAZA obtuvo el Premio Especial del Jurado en el 83.º Festival de Cine de Venecia y una ovación de 24,5 minutos, la más larga en la historia del certamen.

Su estreno desató una fuerte reacción de autoridades políticas y militares israelíes. El primer ministro israelí Netanyahu condenó el documental, mientras el ministro de Cultura, Miki Zohar, exigió medidas contra los cineastas, incluida la revocación de su ciudadanía. Las Fuerzas de Ocupación Israelí (FOI) ordenaron un examen jurídico del filme y una investigación sobre posibles filtraciones de información clasificada.

B’Tselem se sumó a decenas de organizaciones de la sociedad civil israelí en solidaridad con Abraham y Szor, condenando las amenazas e intentos de procesar o intimidar a los cineastas y a sus fuentes, y advirtiendo contra los esfuerzos por restringir el debate público sobre la conducta de Israel en Gaza y la rendición de cuentas por el asesinato de civiles.

Pese al «cese al fuego» de octubre de 2025, las FOI continúan atacando a la población civil de la Franja de Gaza con cuadricópteros armados que disparan contra personas y lanzan explosivos sobre zonas civiles. El Observatorio Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos documentó al menos 60 palestinos asesinados en este tipo de ataques entre la entrada en vigor del acuerdo, el 10 de octubre de 2025, y comienzos de septiembre de 2026. Entre las víctimas hay niñas y niños, agricultores, pastores, personas desplazadas y habitantes que regresaban a inspeccionar sus viviendas destruidas.

Según la organización, sus cámaras térmicas y sistemas de rastreo permiten al operador observar a la persona, verificar su identidad y seguir sus movimientos antes de disparar. Por ello, concluye que las víctimas no fueron alcanzadas por error, sino seleccionadas deliberadamente como blanco.

El monitoreo identificó tres patrones: drones equipados con cámaras que siguieron a personas antes de dispararles; el lanzamiento de explosivos sobre reuniones de civiles y carpas que albergan a familias desplazadas; y ataques para imponer control por fuego en las inmediaciones de la llamada «Línea Amarilla», contra quienes intentaban llegar a sus hogares o tierras. Uno de los casos es el de Abdullah Dawas, de 12 años, asesinado en Jabalia.

El organismo calificó estos hechos como asesinatos intencionales y crímenes de guerra que, en el contexto del genocidio en curso, constituyen evidencia adicional de la intención de destruir al pueblo palestino en Gaza.

A ello se suma el testimonio de un operador de drones israelí, que describió lo que presenció y en lo que participó en Gaza: el asesinato de civiles palestinos, el saqueo e incendio de viviendas y la aplicación de reglas que trataban las vidas palestinas como blancos.

A 348 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) han asesinado a 1.399 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 4.863, elevando la cifra total de víctimas mortales a 73.919 desde el inicio del genocidio, además de 174.977 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para ambulancias y equipos de rescate.

La guerra genocida israelí sobre la Franja de Gaza continúa pese al «cese al fuego» anunciado, con la población civil expuesta a bombardeos aéreos, fuego naval y artillería, mientras la situación humanitaria sigue siendo catastrófica por la escasez de insumos médicos, agua y saneamiento. Expertos de la ONU advirtieron que las relaciones económicas, financieras, militares e institucionales vigentes siguen sosteniendo la ocupación ilegal israelí y «permitiendo que el genocidio continúe».

Durante la semana, un bombardeo israelí en Sheikh Ajleen, al oeste de Ciudad de Gaza, asesinó a un palestino, mientras fuego naval israelí mató a un pescador frente a Deir al-Balah. Otros ataques asesinaron a dos palestinos en Ciudad de Gaza y Al-Zawaida, y un dron mató a otro al sur de Khan Younis. En los campamentos de refugiados de Nuseirat y Al-Bureij, disparos de las FOI hirieron a dos mujeres y drones abrieron fuego contra carpas de desplazados, hiriendo a tres personas, entre ellas dos mujeres. El sábado, nuevos ataques con drones y disparos asesinaron a tres palestinos, entre ellos un niño.

En paralelo, el Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS) alertó que cerca de 40 periodistas de Gaza requieren tratamiento médico en el exterior ante la escasez de medicamentos y atención especializada, y exigió su evacuación médica urgente.

Colonos israelíes establecieron un nuevo puesto colonial en Khirbet Al-Alawneh, en tierras de la localidad palestina de Beit Iksa, al noroeste de Jerusalén ocupada, bajo la protección de las FOI. Es el segundo puesto colonial instalado en el pueblo en cuatro meses. La Gobernación de Jerusalén advirtió que esta expansión podría derivar en nuevas confiscaciones de tierras, restringir el acceso de sus propietarios palestinos y facilitar carreteras coloniales e infraestructura permanente.

En paralelo, las autoridades de la Ocupación israelí completaron la licitación de las 3.401 viviendas del Plan Colonial Israelí «E1», al este de Jerusalén. La Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro señaló que este paso acerca el proyecto a la creación de hechos consumados sobre el terreno. Ubicado entre Jerusalén y el Valle del Jordán, el plan «E1» fragmentaría aún más Cisjordania ocupada y socavaría su continuidad territorial.

La Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos denunció las duras condiciones sanitarias, humanitarias y psicológicas que enfrenta Baraa Abu Khdeijeh, detenida palestina de Tulkarem, de 36 años, embarazada y recluida desde el 27 de agosto en la prisión israelí de Damon.

Según el informe, su arresto fue violento: le vendaron los ojos y le ataron las manos con amarras plásticas con tal fuerza que se le hincharon. Soldados israelíes la llevaron luego a un lugar no revelado, donde pasó horas esposada a una silla entre gritos e insultos, y la sometieron a un registro al desnudo.

Bajo custodia comenzó a sufrir dolores abdominales y luego un sangrado, lo que agravó su temor por su bebé. Trasladada a la prisión de Sharon, pasó cerca de cinco días en una celda sucia, infestada de insectos y basura, sin agua potable ni las necesidades más básicas, con un colchón delgado sin funda, una manta maloliente, sin almohada y sin acceso a ducha, ropa de recambio ni toalla.

El abogado de la Comisión que la visitó en Damon informó que fue sometida a un nuevo registro al desnudo y que permanece en la sala 11, destinada a embarazadas. Abu Khdeijeh relató que la comida es insuficiente, de mala calidad e inadecuada para su estado: las tres embarazadas de su sala reciben un huevo o un trozo de carne solo cada tres o cuatro días. Las detenidas enfrentan además escasez de ropa y artículos de limpieza, en medio de altas temperaturas y humedad.

La Comisión subrayó que las detenidas embarazadas requieren atención médica especializada, nutrición adecuada y condiciones que preserven su dignidad, y advirtió sobre los riesgos para la salud de Abu Khdeijeh y de su bebé.