Un nuevo informe del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados —B’Tselem— titulado «El Proyecto de Eliminación: el desmantelamiento sistemático israelí de la vida colectiva palestina en Cisjordania», constata que, desde que el actual gobierno israelí asumió a fines de 2022 —y con mayor intensidad desde octubre de 2023—, Israel ha escalado dramáticamente su ofensiva contra todos los aspectos de la vida palestina en Cisjordania ocupada. La población palestina está cada vez más expuesta a la violencia de soldados y milicias armadas de colonos, a detenciones y encarcelamientos arbitrarios, a abusos y humillaciones y, en algunos casos, a la muerte.

B’Tselem examina la realidad actual no como una serie de incidentes aislados o daños individuales, sino como un mecanismo integral de eliminación destinado a desmantelar las condiciones que permiten la existencia continuada del pueblo palestino en Cisjordania, mientras se profundiza el control y la supremacía judía de manera irreversible. Según el informe, este «proyecto de eliminación» se implementa hoy de forma más abierta, directa y violenta que antes, y depende cada vez más de la cooperación entre las autoridades del Estado israelí y las milicias de colonos que operan en Cisjordania con respaldo y apoyo estatal.

Lejos de constituir un conjunto de políticas y abusos inconexos, estas medidas operan como componentes interconectados de un sistema más amplio, diseñado para socavar la vida colectiva palestina y consolidar el control israelí sobre la tierra y el territorio. 

B’Tselem identifica cinco dimensiones interconectadas mediante las cuales este «proyecto de eliminación» busca desmantelar la vida palestina: violencia e intimidación; restricciones de movimiento; estrangulamiento económico; destrucción social y política; y limpieza étnica y apropiación territorial mediante el despojo, el robo de tierras y la expulsión.

El maltrato sistemático y las condiciones deliberadamente inhumanas impuestas a los detenidos palestinos en las prisiones de la Ocupación israelí continúan poniéndolos en grave riesgo, en medio de un deterioro marcado por alimentación insuficiente, negligencia médica, hacinamiento, condiciones de higiene precarias y tratos punitivos. La Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos informó que las autoridades carcelarias han negado a los detenidos de la prisión de Naqab alimentación adecuada y atención médica esencial, provocándoles una pérdida de peso significativa desde octubre de 2023. Murad Bani Odeh, de 48 años, quien presenta heridas de bala previas en las piernas, ha perdido cerca de 40 kilos después de que las autoridades penitenciarias le confiscaran las muletas y suspendieran su medicación y analgésicos. Thaer Bikairat, de 23 años, continúa sufriendo dificultades respiratorias a causa de una bala alojada en su pecho.

En la prisión de Damon, detenidas denunciaron hacinamiento severo, alimentos de mala calidad, acceso limitado a insumos de higiene y redadas y actos de represión reiterados. Shaimaa Khazem, de 27 años, relató que las fuerzas penitenciarias golpean a las detenidas, las inmovilizan, les vendan los ojos y las privan de necesidades básicas.

Por separado, unidades de represión penitenciaria israelí hirieron a dos detenidos palestinos durante una redada en la prisión de «Ganot», tras emplear granadas aturdidoras y balas recubiertas de goma.

Estos testimonios se suman a un patrón sostenido de abusos documentados en distintas prisiones israelíes, donde persisten la negligencia médica deliberada, los castigos colectivos y la privación de derechos básicos contra la población palestina detenida, en abierta contravención del Derecho Internacional Humanitario y de los estándares mínimos de trato a las personas privadas de libertad.

A 342 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) han asesinado a 1.386 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 4.784, elevando la cifra total de víctimas mortales a 73.821 desde el inicio del genocidio, además de 174.897 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para ambulancias y equipos de rescate.

La guerra genocida israelí sobre la Franja de Gaza ha continuado pese al «cese al fuego» anunciado, con ataques militares y bombardeos aéreos golpeando zonas civiles y provocando nuevos desplazamientos forzados, mientras la situación humanitaria se mantiene igualmente catastrófica. Aviones israelíes atacaron el campamento de refugiados de Al-Shati y Khan Younis. Según UNOCHA, un ataque aéreo impactó un edificio en Al-Bureij, en Deir al-Balah, cerca de dos escuelas de la ONU usadas como refugios, destruyendo los refugios de 24 familias; ese mismo día, nuevos ataques mataron a un palestino e hirieron a otros 15 en la Franja.

Durante la semana, un dron israelí mató a cuatro palestinos en Beit Lahia, norte de Gaza, y otro ataque con drones mató a un palestino e hirió a otros nueve, incluidos niños, en Al-Mawasi. Botes navales israelíes abrieron fuego frente a la costa de Ciudad de Gaza, mientras artillería y vehículos militares atacaron zonas al este de Deir al-Balah.

En paralelo, continúa a gran escala la remoción israelí de escombros en Gaza bajo control militar, lo que genera grave preocupación por la destrucción de evidencia de crímenes de guerra, incluido el genocidio.

«Esta remoción no debe destruir evidencia ni impedir la identificación de restos humanos», advirtió Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado.

Las políticas de la Ocupación israelí en Cisjordania avanzan un proceso sistemático de anexión de facto mediante expansión de asentamientos, confiscación de tierras, restricciones de movimiento y ataques terroristas de colonos. Un informe conjunto de Yesh Din, Bimkom y HaMoked documenta cómo estas medidas empujan a la población palestina hacia enclaves aislados: más de 100.000 dunums en la «Zona de Costura» están sujetos a restricciones de acceso y uso palestino.

En el norte del Valle del Jordán, +972 Magazine documenta cómo el nuevo muro de anexión y apartheid, parte del proyecto colonial «Hilo Carmesí», amenaza con cortar más tierra palestina. En Khirbet Ras al-Ahmar, 13 de las 70 familias del área debieron abandonar sus hogares tras el corte de su agua. Sobre el terreno, las FOI han dañado tuberías y confiscado vehículos, mientras colonos han aterrorizado a familias de pastores y atacado a la población palestina.

El Comité de Libertades del Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS) afirmó que, durante agosto de 2026, periodistas palestinos fueron víctimas de un amplio abanico de violaciones por parte de las Fuerzas de Ocupación Israelí y colonos, como parte de una política sistemática destinada a restringir la libertad de prensa e impedir que se documenten los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. En su informe mensual, el Comité registró 84 violaciones durante el mes, entre ellas ataques directos contra periodistas y equipos de prensa, obstrucción de su trabajo, detenciones y ataques a sus equipos.

Entre lo documentado se cuentan la muerte de un periodista en una prisión israelí; un periodista herido por munición real; seis agresiones físicas; seis amenazas de muerte con armas de fuego; siete casos de confiscación o eliminación de material periodístico; siete arrestos; tres ataques de colonos; diez casos de uso de gas lacrimógeno; 30 casos de detención y obstrucción de equipos de prensa —la categoría más numerosa—; y cuatro allanamientos a instituciones mediáticas y viviendas de periodistas.

El Comité expresó especial preocupación por la muerte de un periodista bajo custodia israelí y por más de 30 periodistas enfermos y heridos de Gaza a quienes se continúa negando el permiso para cruzar el paso de Rafah y recibir tratamiento médico fuera del territorio, pese a contar con derivaciones médicas aprobadas por el Ministerio de Salud palestino y la Organización Mundial de la Salud.

El PJS calificó esta denegación —en medio del colapso del sistema de salud de Gaza— como una violación grave del derecho a la salud y a la vida, y llamó a la comunidad internacional a garantizar la protección de los y las periodistas palestinas y a poner fin a la impunidad que rodea los crímenes cometidos en su contra.