El «ministro de Defensa» israelí, Israel Katz, reafirmó que Israel sigue dispuesto a impulsar el desplazamiento forzado de la población palestina fuera de la Franja de Gaza —un objetivo de limpieza étnica que algunos funcionarios israelíes disfrazan eufemísticamente como «emigración voluntaria» o «migración». Katz afirmó que el gobierno está «organizado para sacar [a la población de Gaza] en la medida de lo posible, por mar, por aire y por cualquier medio para hacerlo».

Según Al Jazeera, Katz señaló que el plan israelí para expulsar a la población palestina de Gaza no ha sido cancelado, sino solo «congelado», y agregó que «para que esto ocurra, necesitamos a Estados Unidos, y el momento llegará». Afirmó además que el plan «se discute todo el tiempo, incluso ahora». «Al final», sostuvo, «no hay una solución real para Gaza sin esta ‘migración'», declaró Katz según el Times of Israel, reafirmando que el plan sigue en discusión a la espera del respaldo de Estados Unidos y de arreglos con países dispuestos a recibir a la población palestina desplazada.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se sumó al día siguiente a este llamado, señalando que los palestinos deberían «hacer las maletas». En respuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró a Al Jazeera que «Estados Unidos no respalda ningún plan o propuesta de desplazamiento forzado, expulsión o traslado obligatorio de la población de Gaza».

Subrayó además que, tal como se establece explícitamente en el punto 12 del plan del presidente Trump, «nadie será forzado a abandonar Gaza y quienes deseen irse podrán hacerlo y regresar libremente», agregando que Estados Unidos «alentará a la población a permanecer y le ofrecerá la oportunidad de construir una Gaza mejor».

Tres organizaciones israelíes de derechos humanos advirtieron el miércoles que la expansión de asentamientos y la confiscación de tierras se extienden cada vez más hacia el interior de la Cisjordania ocupada, aislando progresivamente a localidades palestinas de sus tierras. Un informe conjunto de Yesh Din, Bimkom – Planificadores por los Derechos de Planificación, y HaMoked: Centro para la Defensa del Individuo documentó la expansión de las políticas de confiscación de tierras, la violencia de colonos y las restricciones de movimiento. Según el informe, estas medidas, antes concentradas en pequeñas comunidades palestinas del Área C —que abarca cerca del 60 % de Cisjordania—, se están extendiendo ahora hacia localidades más grandes y zonas más amplias del territorio.

El informe sostiene que lo que podría parecer un conjunto de medidas aisladas —expansión de asentamientos, puestos de avanzada pastoriles, violencia de colonos y restricciones de movimiento— constituye en realidad un proceso continuo que empuja a la población palestina fuera de sus tierras y la confina en áreas cada vez más reducidas. Las organizaciones examinaron cuatro casos, entre ellos la comunidad de al-Rummana, en Jericó, donde los residentes reportaron ataques y hostigamiento, y la localidad de Sinjil, donde documentaron el impacto de puestos coloniales, cercos y cierres que aíslan a los residentes de sus tierras agrícolas.

«La confiscación de tierras palestinas, el aislamiento de las localidades respecto de sus tierras y la fragmentación de la contigüidad territorial palestina constituyen en conjunto parte de un proceso de anexión de facto que se consolida sobre el terreno», señalaron las organizaciones. «El gobierno israelí ya no oculta su objetivo: anexar la mayor cantidad de tierra posible con la menor cantidad posible de palestinos».

A 336 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) han asesinado a 1.359 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 4.571, elevando la cifra total de víctimas a 73.670 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 174.682 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate. Al menos 10.000 personas continúan desaparecidas bajo los escombros de sus viviendas en toda la Franja.

El martes, disparos de las FOI asesinaron a un hombre de 73 años en Deir al-Balah, centro de Gaza. El miércoles, un dron israelí mató a un joven en el campamento de Jabalia y Amina al-Hissi, de 51 años, falleció por heridas de bala sufridas en Deir al-Balah; un bombardeo mató además a un hombre de 39 años dentro de una carpa de desplazados en Al-Mawasi. El sábado, las FOI abrieron fuego contra un grupo de palestinos en Beit Lahia, matando a dos e hiriendo a varios más.

Las condiciones humanitarias siguen siendo catastróficas. El PMA advirtió que dos tercios de la población de Gaza enfrenta niveles críticos o de emergencia de hambre, y que sin asistencia alimentaria sostenida hasta el 90 % podría enfrentar inseguridad alimentaria aguda hacia fines de 2026

La OMS apoyó la evacuación de 106 pacientes, incluidos 19 niños, durante la semana, mientras miles continúan esperando evacuación médica, y advirtió sobre una situación del agua catastrófica, con el transporte en camiones cisterna como salvavidas crítico a casi tres años del inicio del genocidio.

Restricciones críticas de financiamiento obligaron al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a recortar a la mitad su asistencia alimentaria en Cisjordania, reduciendo el número de beneficiarios de 400.000 a 200.000 personas, pese a que las necesidades alimentarias más que se han duplicado desde 2023. Se estima que 900.000 personas enfrentan actualmente inseguridad alimentaria en todo el territorio.

El director del PMA para Palestina, Shaun Hughes, señaló que «el aumento de la violencia de colonos y las operaciones militares israelíes, sumados a la crisis económica y el desempleo creciente, han agravado la inseguridad alimentaria».

El PMA reportó que el 76 % de los hogares experimentó una caída significativa de sus ingresos, mientras que el 12 % de la población presenta un consumo alimentario deficiente y un tercio de las familias no puede costear una dieta nutritiva.

Según la Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro, las Fuerzas de Ocupación Israelí y colonos perpetraron 2.030 ataques contra la población palestina, sus tierras y propiedades en Cisjordania durante agosto de 2026, incluidos 628 ataques de colonos que asesinaron al joven de 17 años Karim Sand Shalalda, afectaron a 164 palestinos —20 niños y 17 mujeres— y dañaron 21.508 árboles, 19.375 de ellos olivos.

A esto se suma el control y robo de tierras, con intentos de establecer 32 nuevos puestos coloniales y medidas dirigidas a 1.945,597 dunums mediante declaraciones de «tierra estatal», órdenes de incautación militar y «medidas de seguridad». Las autoridades de ocupación realizaron además 71 operaciones de demolición que afectaron 155 estructuras palestinas, dañando directamente a al menos 200 personas —75 niños y 56 mujeres—, y emitieron 44 notificaciones de demolición.

En paralelo, se avanzaron 12 planes de asentamiento por 3.819 unidades coloniales, abarcando 5.472,22 dunums, incluidas licitaciones para 1.861 unidades y el avance del proyecto colonial «E1», que busca conectar el asentamiento ilegal de Ma’ale Adumim con Jerusalén y romper la contigüidad territorial palestina. El Ministerio de Asuntos Religiosos documentó además 26 incursiones de colonos en la Mezquita de Al-Aqsa y la prohibición del llamado a la oración en la Mezquita Ibrahimi 155 veces.

Esto quedó de manifiesto durante la visita del embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, a Turmus Ayya, localidad de mayoría palestino-estadounidense reiteradamente atacada por colonos: durante su visita, un colono irrumpió en una propiedad palestina cercana al lugar donde el embajador se reunía con residentes palestino-estadounidenses.