Los ataques continúan agravando una situación humanitaria ya de por sí gravísima: el 58 % de la población palestina en Gaza enfrenta déficits severos o catastróficos de refugio, mientras que cerca de dos tercios de la Franja permanece inaccesible o sujeta a severas restricciones de acceso, confinando a la población civil en zonas hacinadas e inseguras, en medio del agotamiento de las reservas de artículos de refugio y la continua restricción al ingreso de suministros críticos.

El 24 de agosto, ataques israelíes dañaron gravemente un pozo de agua y una planta desalinizadora apoyados por UNICEF en Deir Al-Balah, interrumpiendo el acceso a agua potable segura para más de 4.000 personas, entre ellas unos 2.000 niños. Un día después, un ataque cercano destruyó un almacén con suministros nutricionales por más de 770.000 dólares, destinados a más de 40.500 niños de 6 a 23 meses y 4.900 mujeres embarazadas y lactantes.

Ese mismo día, una encuesta nutricional de UNICEF constató desnutrición crónica persistente, mala calidad dietética y prácticas inadecuadas de alimentación infantil, subrayando que las mejoras limitadas en los indicadores de alimentación y nutrición no han restablecido condiciones de vida normales. El estudio, realizado entre el 31 de mayo y el 15 de junio en zonas accesibles de Gaza, muestra que la desnutrición aguda se mantiene relativamente baja, pero la desnutrición crónica afecta al 12,2 % de los niños menores de cinco años, y el sobrepeso al 4,0 %. Solo el 22,4 % de los niños de 6 a 23 meses recibió una dieta mínima aceptable, y un 37,1 % había sufrido diarrea reciente.

La reanudación de la ayuda tras el cese al fuego redujo las admisiones por desnutrición aguda de casi 17.000 niños en agosto de 2025 —mes en que se confirmó la hambruna— a menos de 3.000 en marzo de 2026. UNICEF reiteró su llamado a garantizar acceso humanitario sostenido, financiamiento continuo y la apertura de mercados comerciales.

Bajo directrices del primer ministro israelí Netanyahu, las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) realizaron una incursión militar en el Centro de Formación Profesional de Qalandia de UNRWA, en Jerusalén Este ocupada, se apoderaron por la fuerza de las instalaciones de la ONU, expulsaron a su personal e impidieron su regreso, antes de izar la bandera israelí sobre el recinto.

El ministro de Seguridad Nacional de la Ocupación, Itamar Ben-Gvir, participó personalmente en la incursión y difundió un video de sí mismo sentado en la silla del director, vistiendo un chaleco militar, mientras se jactaba públicamente: “Bajo mi vigilancia, no hay UNRWA ni director. No volverán aquí”.

El secretario general de la ONU condenó la incursión, subrayando que constituyó la quinta entrada no autorizada de las autoridades de ocupación israelíes al Centro desde mayo de 2026, tras otras violaciones inaceptables de la inviolabilidad de las sedes de UNRWA y la reiterada interferencia en las operaciones de la Agencia en Jerusalén Este ocupada.

La Presidencia Palestina solicitó una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar los ataques israelíes contra instalaciones de Naciones Unidas y exigió medidas internacionales para proteger al personal de UNRWA y garantizar la continuidad de sus operaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condenó igualmente la incursión, calificándola como parte de la campaña más amplia de Israel para socavar el mandato internacional de UNRWA y desmantelar su presencia en el Territorio Palestino Ocupado.

A 329 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) han asesinado a 1.320 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 4.385, elevando la cifra total de víctimas a 73.470 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 174.540 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate. Al menos 10.000 personas continúan desaparecidas bajo los escombros de sus viviendas en toda la Franja.

Los constantes ataques aéreos y operaciones militares israelíes siguen exponiendo a la población civil a riesgos permanentes, evidenciando que el acuerdo destinado a detener el genocidio no se ha traducido en seguridad sostenida para los civiles. UNOCHA reportó ataques aéreos, bombardeos de artillería y disparos israelíes persistentes contra zonas residenciales e infraestructura civil, mientras UNICEF documentó el asesinato de al menos cuatro niños palestinos y numerosos heridos en distintos ataques durante los cinco días previos al 28 de agosto, incluidos menores alcanzados por munición real.

Durante la semana, los ataques se mantuvieron constantes. El lunes, aviones de guerra israelíes asesinaron a tres palestinos e hirieron a varios más cerca de una escuela de UNRWA que albergaba a desplazados en el campamento de refugiados de Jabalia, norte de Gaza; ese mismo día, las FOI mataron a ocho palestinos —entre ellos dos niños— y otros dos murieron posteriormente por sus heridas.

El martes, otro palestino falleció por heridas sufridas en un ataque al oeste de Khan Younis. El jueves, nuevos ataques mataron a tres palestinos más e hirieron a varios, tras impactar una vivienda en el campamento de Al-Shati y una carpa de desplazados en Al-Mawasi. El viernes, ataques israelíes mataron a tres palestinos más de una misma familia en Al-Qarara, al este de Khan Younis.

Las autoridades de ocupación israelíes intensificaron la expansión de asentamientos, confiscación de tierras, restricciones de movimiento, incursiones y ataques de colonos en Cisjordania ocupada, profundizando medidas que socavan la vida palestina y su acceso a la tierra.

La Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro (CWRC) informó que, el 25 de agosto, las autoridades israelíes aprobaron 18 nuevas áreas de jurisdicción de asentamientos, otorgando el marco administrativo para futura construcción e infraestructura a expensas de tierra palestina. Además, reportó la confiscación, mediante orden militar, de 15.342 dunams de Al-Bireh para construir una «ruta de seguridad» alrededor del asentamiento ilegal «Psagot», que restringirá el acceso palestino a más de 380 dunams.

En paralelo, las FOI y colonos intensificaron ataques, incursiones y demoliciones. Las FOI hirieron al menos a tres palestinos, incluida una niña de 14 años. En Al-Karmil, al sur de Hebrón, soldados abrieron fuego contra un vehículo con mujeres palestinas, hiriendo gravemente a dos mujeres y a otra niña.

Los colonos expandieron un puesto de avanzada cerca de Beit Sahour, dañaron cultivos y atacaron infraestructura hídrica. Las FOI cerraron caminos en Qusra e impidieron al padre palestino Handhala Issa cruzar el checkpoint de su localidad, Beit Iksa, obligándolo a comer con sus hijos en plena calle por no contar con permiso.

Organizaciones palestinas reportaron el deterioro de las condiciones de salud y vida de los detenidos palestinos en la prisión israelí de Gilboa, citando negligencia médica, alimentación inadecuada y graves carencias de higiene básica.

La Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos documentó el caso del prisionero Munir Ahmad Yousef Salama, del campamento de Jenín, detenido desde noviembre de 2023, quien sufre dolores en pies, dientes y ojos, además de síntomas de sarna, en medio de negligencia médica deliberada; según su testimonio, las Fuerzas de Ocupación lo golpearon al momento de su arresto, fracturándole un diente que nunca fue tratado. Otro caso, el de Abdullah Sahrab Seif, de 25 años, originario de Tulkarem, documenta infecciones y forúnculos en el cuerpo, problemas estomacales y una pérdida de casi 40 kilos durante su detención, tras pasar 18 meses en aislamiento.

En medio de estas condiciones inhumanas, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, irrumpió en las celdas de prisioneras palestinas y les dijo que «los días de campamento de verano terminaron», amenazando con que quien dañe a «israelíes» no recibirá condiciones de «hotel cinco estrellas», y declarándose responsable de reducir la detención al mínimo absoluto.

Por separado, organizaciones palestinas denunciaron que las autoridades de ocupación continúan reteniendo los cuerpos de al menos 799 palestinos identificados, incluidos 81 niños y 10 mujeres, mientras unos 1.700 cuerpos permanecen bajo custodia israelí, muchos sin identificar. En un caso aparte, Israel acordó devolver el cuerpo de Jadallah Jihad Jumaa, de 15 años, asesinado por las FOI en Al-Fara’a en noviembre de 2025, retenido por más de nueve meses.