El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, afirmó en un podcast emitido el 16 de agosto que Israel debe realizar asesinatos selectivos en Gaza y “cargarse a entre 30 y 40” personas cada noche. “No solo a aquellos que representan una amenaza inmediata. Hay gente allí que no se merece vivir. Ni debería vivir. Es que no son ni siquiera personas”, declaró. Ben Gvir insistió además en que “toda Gaza pertenece a Israel”, abogó por la construcción de asentamientos en toda la Franja y por fomentar la emigración de la población palestina, mientras que a quienes considera “terroristas” solo se les debe “matar uno por uno”.

En paralelo, el mismo ministro celebró como un “paso significativo hacia la soberanía israelí en Judea y Samaria” el plan anunciado por el ministro de Defensa, Israel Katz, para transferir a la Policía israelí —bajo control de Ben Gvir— las competencias de aplicación de la ley civil que hasta ahora ejercían las Fuerzas de Ocupación en Cisjordania. Ben Gvir exigió además que se le transfieran también la Guardia de Fronteras y la autoridad para ordenar detenciones administrativas y restricciones, herramientas que Israel aplica de forma casi exclusiva contra los palestinos.

Este traspaso de funciones de las Fuerzas de Ocupación a la Policía israelí constituye un avance concreto hacia la anexión de facto del Territorio Palestino Ocupado, al imponer en él la autoridad civil israelí y reforzar el control de un ministro que abiertamente niega la humanidad de los palestinos y promueve su eliminación y desplazamiento.

Las Fuerzas de Ocupación y colonos israelíes mantienen desde el 9 de agosto un asedio continuo a tres viviendas palestinas en el área de Ras al-Ain, en la localidad de Qusra, al sur de Nablus. Al cumplirse el décimo día, las familias —entre ellas la de Louay Abu Rida, ciudadano palestino-estadounidense— siguen impedidas de entrar o salir de sus casas, en una zona declarada militarmente cerrada.

Los colonos, protegidos por las FOI, rodean las viviendas, se desplazan libremente por el lugar, cortaron el suministro de agua y electricidad e impiden la llegada de alimentos y medicinas. Las Fuerzas de Ocupación detuvieron a miembros de un equipo municipal que intentaba restaurar la electricidad y bloquearon un tanquero de UNICEF que transportaba agua, aunque permitieron la entrega de algunos alimentos y suministros médicos.

El alcalde de Qusra, Abdel Azim Wadi, denunció que las familias viven en condiciones de asedio total. El Primer Ministro Mohammad Mustafa afirmó que el fortalecimiento de la resiliencia de los habitantes de Qusra y de las zonas amenazadas por la expansión colonial en la gobernación de Nablus es una prioridad del Gobierno. Una delegación diplomática neerlandesa y el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social visitaron la localidad para evaluar la situación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condenó estos actos como terrorismo sistemático de colonos orientado al desplazamiento forzado y a la anexión. España y Holanda también repudiaron el asedio y exigieron el fin de la impunidad. El caso de Qusra ilustra la estrategia combinada de colonos y Fuerzas de Ocupación para imponer hechos consumados coloniales en el Territorio Palestino Ocupado.

A 313 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) han asesinado a 1.265 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 4.146, elevando la cifra total de víctimas a 73.399 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 174.310 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate. Al menos 10.000 personas continúan desaparecidas bajo los escombros de sus viviendas en toda la Franja.

En medio del deterioro de las condiciones humanitarias, Gaza enfrenta escasez crítica de combustible e insumos esenciales que afecta gravemente la provisión de alimentos, atención sanitaria, agua y saneamiento. Según UNRWA, las penurias también impactan el equipamiento necesario para mantener estos servicios, mientras alrededor del 82 % de las estructuras de la Franja están dañadas. La Comisión de Asuntos de Detenidos denunció que los prisioneros palestinos de Gaza recluidos en las cárceles de Ofer y Janot sufren hacinamiento severo, insuficiencia de alimentos y atención médica, golpizas y medidas punitivas. Médicos Sin Fronteras advirtió que Israel pone en riesgo a miles de personas al bloquear el ingreso de aceite de motor y repuestos esenciales para hospitales, ambulancias y sistemas de agua. El precio del aceite de motor se ha multiplicado por 20 en los últimos seis meses.

Las FOI mantienen sus ataques. El jueves, ataques con drones asesinaron a dos palestinos e hirieron a varios más en Khan Younis y la ciudad de Gaza. Ese mismo día, un bombardeo contra un vehículo en Sheikh Ajleen, al suroeste de la ciudad de Gaza, mató a otro hombre e hirió a varias personas. El viernes, embarcaciones navales y drones israelíes abrieron fuego contra un barco de pesca al oeste de Gaza, hiriendo a tres pescadores. Al menos 22 de las 34 estaciones de oxígeno de Gaza han dejado de funcionar por falta de repuestos y mantenimiento.

Israel avanza en la construcción de la llamada “Fabric of Life Road” (denominada por las autoridades israelíes “Sovereignty Road” y por los palestinos “Apartheid Road”), uno de los pasos más peligrosos hacia la anexión de facto de la Cisjordania ocupada. El proyecto, parte integral del plan de asentamientos E1, separará el tráfico israelí del palestino con un muro de concreto de ocho metros y cerrará a los palestinos aproximadamente el 3 % del Territorio Palestino Ocupado, incluyendo toda el área de Ma’ale Adumim y E1.

La carretera desviará a los vehículos con placas verdes hacia un sistema de circunvalación y túneles, mientras la red de superficie quedará reservada a los colonos. Al completarse, destruirá la contigüidad territorial entre el norte, el centro y el sur de Cisjordania, separará Jerusalén Este de su entorno palestino y eliminará la posibilidad de un Estado palestino viable con Jerusalén Este como capital.

El proyecto amenaza a 22 comunidades beduinas (alrededor de 7.000 personas), entre ellas Khan al-Ahmar, Jabal al-Baba y Wadi al-Jamal, con demoliciones, confiscación de tierras y aislamiento total. Israel ha emitido órdenes de incautación militar incluso en Área B. Funcionarios israelíes han reconocido que el objetivo real es desviar el tráfico palestino para facilitar la anexión. Lejos de ser una iniciativa humanitaria, la “Fabric of Life Road” institucionaliza la segregación y el desplazamiento forzado en el Territorio Palestino Ocupado.

El Sindicato de Periodistas Palestinos documentó 108 crímenes de la ocupación israelí contra periodistas y trabajadores de medios durante julio de 2026, el 90 % de ellos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este. Las violaciones incluyeron 58 casos de detención y obstrucción de la cobertura mediática, 11 ataques de colonos, 12 incidentes con gases lacrimógenos y bombas de sonido, seis agresiones físicas, dos arrestos y cuatro interrogatorios. También se registraron redadas a viviendas e instituciones de medios, incautación y destrucción de equipos, borrado de material filmado y prohibiciones de acceso a la Mezquita de Al-Aqsa.

Alrededor de 40 periodistas palestinos, entre ellos cinco mujeres, permanecen encarcelados en prisiones israelíes, mientras que más de 250 han sido detenidos o arrestados desde el inicio del genocidio en Gaza. Diecinueve de ellos se encuentran bajo detención administrativa, sin cargos ni juicio. Más de 260 periodistas han sido asesinados desde octubre de 2023, incluidos dos que murieron en cárceles israelíes, y el paradero de Nidal al-Wahidi y Haitham Abdul Wahid sigue desconocido tras su desaparición forzada.

La Sociedad de Prisioneros Palestinos denunció que las autoridades israelíes mantienen una política sistemática de persecución contra los periodistas a través de detenciones administrativas, acusaciones de “incitación”, agresiones diarias mientras cubren eventos y la imposición de condiciones carcelarias que incluyen inanición, tortura, abusos médicos y agresiones sexuales.

El Sindicato y la Sociedad de Prisioneros coincidieron en que estos ataques buscan silenciar la verdad, impedir la documentación de las violaciones y restringir la narrativa palestina.