Miles de palestinos participaron el 4 de agosto en la ciudad de Gaza en el funeral más multitudinario de la historia contemporánea de Palestina. Se dio sepultura a los restos de 112 miembros de la familia Abu Sharia al-Hassaina, recuperados tras intensas labores de búsqueda entre los escombros del barrio de Al-Sabra. Los cuerpos, envueltos en banderas palestinas, fueron alineados entre las ruinas de las viviendas destruidas antes de que el cortejo se dirigiera al cementerio de Sheikh Shaaban, en el centro de Gaza. Niños esparcieron flores sobre los sudarios mientras los familiares se despedían entre lágrimas.

Las 112 víctimas —44 niños, 37 mujeres, 23 ancianos y siete personas con discapacidad— fueron asesinadas en bombardeos israelíes durante el genocidio. El ataque más letal se produjo el 22 de noviembre de 2023, cuando las Fuerzas de Ocupación bombardearon intensamente un bloque residencial de Al-Sabra donde se refugiaban alrededor de 300 miembros de la familia. Decenas murieron de inmediato; 70 fueron enterrados en ese momento y el resto permaneció atrapado bajo los escombros hasta su reciente recuperación, tras 136 horas de trabajo continuo de la Defensa Civil con herramientas rudimentarias.

La familia ha perdido hasta la fecha 267 miembros, mientras el destino de otros 41 sigue siendo desconocido. Representantes familiares calificaron el acto como el mayor funeral de la historia palestina contemporánea y recordaron que las fuerzas israelíes han aniquilado por completo a 2.276 familias palestinas durante el genocidio, sin dejar supervivientes, y han dejado a otras 2.348 familias con un único miembro vivo.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), el terrorismo de colonos israelíes y las restricciones de movimiento en el Territorio Palestino Ocupado continúan intensificándose, socavando aún más la protección y los medios de vida de la población palestina. Los ataques de colonos alcanzaron niveles sin precedentes, con un promedio de unos 190 ataques mensuales durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que sitúa a Cisjordania en una trayectoria de superar los 2.000 ataques al finalizar el año. Estos asaltos provocaron asesinatos, heridos y destrucción generalizada de propiedades, y forzaron el desplazamiento de casi 700 palestinos de 9 comunidades en ese período.

Al mismo tiempo, datos de UNOCHA citados por The Times of Israel indican que, a marzo de 2026, existían 925 puestos de control militares israelíes, puertas metálicas y otros obstáculos al movimiento en Cisjordania, lo que representa un aumento del 43 % respecto al promedio anual de 647 registrados durante las dos décadas anteriores. Estas restricciones han dificultado gravemente el acceso de los palestinos a la atención sanitaria, la educación, el empleo y otros servicios esenciales.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura de Palestina informó que las Fuerzas de Ocupación y los colonos intensificaron los ataques contra el sector agrícola: destruyeron infraestructura, arrancaron e incendiaron miles de árboles, dañaron cultivos, sistemas de riego y redes de agua, robaron ganado e impidieron a los agricultores acceder a sus tierras. Las pérdidas agrícolas directas documentadas ascienden a no menos de 3,73 millones de dólares, advirtiendo que estos ataques sistemáticos debilitan la seguridad alimentaria y aceleran el deterioro del sector agrícola palestino.

A 299 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) han asesinado a 1.254 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 4.121, elevando la cifra total de víctimas a 73.381 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 174.231 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate.

Las FOI continúan realizando ataques militares en toda la Franja de Gaza en flagrante violación del llamado “cese al fuego”, demostrando un desprecio permanente por la vida palestina y profundizando la catástrofe humanitaria. Los asaltos militares en curso, las bajas civiles continuas, las severas restricciones al acceso humanitario, la destrucción de infraestructura crítica y el colapso de los servicios esenciales agravan las condiciones en el territorio devastado por la guerra. Las restricciones sostenidas y cada vez más estrictas a la entrada de suministros humanitarios siguen impidiendo gravemente la entrega de asistencia vital y la prestación de servicios esenciales, en medio de una escasez creciente y el deterioro acelerado de la situación humanitaria.

Durante la semana, los ataques contra civiles se mantuvieron constantes. El martes, las Fuerzas de Ocupación hirieron a dos palestinos en Deir al-Balah y a nueve más en un ataque aéreo contra el mercado de Al-Balata, en el campamento de Nuseirat. Un dron hirió a otros tres en el barrio de Al-Rimal. 

El jueves, ataques aéreos en Al-Mawasi, Al-Bureij y Al-Rimal asesinaron a tres palestinos —incluidos dos niños— e hirieron a varios más; ataques adicionales en Al-Yarmouk y Jabalia mataron a otros dos e hirieron a diez. El sábado, aviones israelíes bombardearon un almacén médico junto al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, destruyendo suministros críticos y dañando tiendas de desplazados.

Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó que los ataques militares de las Fuerzas de Ocupación continúan en Gaza a pesar del llamado cese al fuego. “Nueve meses después de este supuesto alto el fuego, las heridas de la guerra no solo no han sanado: siguen infligiéndose. Los palestinos todavía sacan niños de entre los escombros y entierran a sus seres queridos. El espacio en el que se espera que sobrevivan dos millones de personas se ha reducido a menos de un tercio del que tenía hace tres años”. MSF concluyó que “esto no es un cese al fuego; es violencia estructural bajo otro nombre” y que el genocidio continúa calibrado para mantener el sufrimiento diario sin despertar la indignación internacional.

Paralelamente, el Ministerio de Salud de Palestina advirtió que el sistema sanitario de Gaza enfrenta una catástrofe sin precedentes por los reiterados ataques a hospitales, la grave escasez de medicamentos, insumos, equipos y combustible, y las restricciones al movimiento de pacientes, ambulancias y personal sanitario.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, la doctora Tlaleng Mofokeng, publicó el documento analítico “Conjunto de estudios sobre el genocidio médico: el genocidio reproductivo como crisis de salud pública”. En él define el “genocidio médico” como el ataque deliberado y sistemático a hospitales, instalaciones médicas, trabajadores de la salud y pacientes, acompañado del impedimento de la entrada de medicamentos, equipos y combustible, y de la obstaculización del socorro y la evacuación médica. Estas prácticas destruyen la capacidad del sistema de salud para proteger la vida de la población y pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de un grupo protegido.

El informe constata asimismo el “genocidio reproductivo” en la Franja de Gaza, a través de la destrucción de las instalaciones de parto y maternidad, la privación a las mujeres de atención sanitaria, alimentos, agua y medicamentos, y la imposición de condiciones que amenazan la vida de las madres, los fetos y los recién nacidos, socavando la capacidad del pueblo palestino de sobrevivir y continuar a través de las generaciones. El mismo marco se aplica a Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, donde se registran incursiones en hospitales, obstaculización de ambulancias e impedimentos al movimiento de pacientes y equipos médicos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados del Estado de Palestina confirmó que este documento constituye una prueba adicional de la atrocidad de los crímenes que comete Israel contra el pueblo palestino y del crimen de genocidio, y llamó a la comunidad internacional a traducirlo en medidas concretas de protección, rendición de cuentas y fin de la ocupación.