El informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 2026 sobre violencia sexual relacionada con conflictos documentó un marcado aumento de los casos verificados en todo el mundo y destacó la violencia sexual contra los palestinos como parte de un patrón más amplio de abusos. El informe registra un incremento significativo de los casos verificados de violencia sexual relacionada con conflictos a nivel mundial durante 2025, describiendo actos marcados por una “brutalidad extrema” que tuvieron como objetivo mayoritariamente a mujeres y niñas. Resultan particularmente preocupantes los hallazgos relacionados con la Palestina ocupada, donde las Naciones Unidas verificaron múltiples casos de violencia sexual relacionada con conflictos contra palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluidos hombres, mujeres y niños. Según el informe, las Naciones Unidas verificaron 31 casos que involucraban a palestinos, ocurridos principalmente en centros de detención, así como en puestos de control y durante operaciones militares. 

Las violaciones documentadas incluyen violación, violación en grupo, intento de violación, violencia física dirigida a los genitales, desnudez forzada, registros corporales degradantes sin justificación aparente de seguridad, amenazas de violación y otras formas de violencia y abuso sexual.

avanzados cercanos incendiaron tierras agrícolas en las afueras de la aldea cristiana palestina de Taybeh, al este de Ramallah, en la Cisjordania ocupada. Los colonos prendieron fuego a campos secos y terrenos de olivos, generando llamas y humo visibles que causaron alarma entre las familias de la aldea y dañaron cultivos esenciales para los agricultores locales. El incidente generó temor y forma parte de la escalada de ataques terroristas de colonos que buscan desplazar a las comunidades palestinas de sus tierras. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), los ataques de los colonos en el centro de Cisjordania han aumentado fuertemente desde 2023, con incendios, destrucción de propiedades y agresiones a agricultores que se han vuelto frecuentes en un entorno de impunidad propiciado por la falta de intervención de las fuerzas de ocupación israelíes.

Taybeh, una de las últimas aldeas de mayoría cristiana en Cisjordania, enfrenta presiones crecientes que amenazan su estabilidad y su economía agrícola.

A 243 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han asesinado a 978 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 3.097, elevando la cifra total de víctimas a 72.988 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 173.205 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate. Las fuerzas israelíes están ampliando su control militar hasta el 70 % de la Franja de Gaza, lo que genera nuevos desplazamientos forzados, restringe el acceso humanitario y agrava la catastrófica situación humanitaria, con grave escasez de suministros que amenazan los servicios de salud y agua. Durante las últimas dos semanas los ataques israelíes continuaron sin pausa. Solo durante el Eid al-Adha murieron al menos 26 palestinos. Entre los incidentes más graves destacan los bombardeos contra tiendas de desplazados en al-Mawasi —zona previamente declarada “segura” por Israel—, que dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos; un ataque con dron en el campo de al-Shati que hirió a diez personas; y un bombardeo en el barrio de al-Jalaa que asesinó a nueve miembros de la familia Ataya, cuyos cuerpos quedaron carbonizados.

 La ONU rechazó el plan israelí de controlar el 70 % del territorio y advirtió que la falta de fondos obliga a las organizaciones humanitarias a reducir o suspender servicios esenciales como la distribución de agua y alimentos.

La Fuerzas de Ocupación de Israel y los colonos continuaron perpetrando ataques generalizados contra palestinos en toda Cisjordania ocupada durante mayo de 2026, en el marco del terrorismo sistemático ejercido por la Potencia ocupante contra el pueblo palestino, su tierra y sus propiedades, acelerando aún más el desplazamiento forzado y la fragmentación territorial. Según la Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro, se documentaron un total de 1.659 ataques durante ese mes, incluyendo incursiones militares, confiscaciones de tierras, demoliciones, destrucción de propiedades, restricciones al acceso a tierras agrícolas y ataques terroristas de colonos. Los ataques provocaron víctimas y heridos palestinos, cuantiosos daños materiales y la destrucción de miles de árboles, incluyendo un gran número de olivos. Durante el mismo período, las autoridades de ocupación israelíes emitieron órdenes de confiscación militar dirigidas a cientos de dunams de tierras palestinas, aprobaron e impulsaron planes urbanísticos relacionados con los asentamientos y demolieron estructuras residenciales, agrícolas y comerciales en varias gobernaciones. Expertos de la ONU han expresado seria preocupación por la escalada de ataques terroristas de los colonos y el desplazamiento forzado de ciudadanos palestinos, en particular en el Valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón. Citaron ataques contra civiles, restricciones al acceso a la tierra y a los servicios, medidas de demolición y la expansión de instalaciones coloniales israelíes (puestos de avanzada).

Además, las autoridades de ocupación israelíes impulsaron medidas legislativas para restringir la libertad religiosa musulmana, exigiendo permisos previos para el uso de altavoces en las mezquitas. Estas medidas también permiten a las autoridades de ocupación israelíes imponer multas de hasta 50.000 NIS (aproximadamente 17.000 USD) y confiscar equipos en casos de presunto “incumplimiento”.

Durante seis meses en 2025, la llamada Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un sistema de distribución de alimentos militarizado gestionado por Israel con apoyo financiero de Estados Unidos, reemplazó el mecanismo de ayuda coordinado por la ONU en Gaza. Este modelo provocó miles de víctimas civiles: solo los equipos de MSF en Khan Younis registraron al menos 32 muertes y trataron a 1.885 heridos por disparos directos, estampidas y tiroteos indiscriminados contra personas que buscaban comida, incluidos niños alcanzados en el pecho. Un año después, MSF sigue atendiendo a decenas de pacientes con lesiones de por vida, trauma grave y secuelas permanentes que les impiden trabajar y los obligan a depender de la caridad comunitaria. El esquema de la GHF contribuyó directamente a la crisis de desnutrición y hambruna declarada en Gaza al reducir drásticamente los puntos de distribución de ayuda. MSF advierte que la militarización de la asistencia humanitaria genera violencia grave y daño evitable, y no debe repetirse.

La organización exige una investigación independiente sobre los hechos, recuerda la obligación de Israel de garantizar el acceso humanitario sin obstáculos conforme al fallo de la Corte Internacional de Justicia de octubre de 2025, y llama a que toda ayuda sea no militarizada, imparcial, neutral y basada exclusivamente en las necesidades de la población civil.

Las autoridades de ocupación israelíes han puesto en marcha un nuevo sistema electrónico de “Registro de Tierras y Liquidación de Derechos” en el Territorio Palestino Ocupado, lo que representa una escalada significativa en los esfuerzos por consolidar el control sobre la tierra palestina mediante mecanismos administrativos y “legales”. Según la Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro (CWRC), esta medida marca un cambio hacia lo que describe como una “ingeniería colonial digital y administrativa” diseñada para crear hechos consumados permanentes. El sistema forma parte de un proceso más amplio iniciado con una decisión del Gabinete de Seguridad israelí en mayo de 2025 para avanzar en un proyecto integral de liquidación de tierras en Cisjordania, cuya implementación fue transferida en febrero de 2026 al Ministerio de Justicia israelí y a la Autoridad de Agrimensura israelí, con financiación gubernamental dedicada. El objetivo principal es integrar la administración de tierras del territorio ocupado en el marco “legal” israelí, especialmente en el Área C —que constituye más del
60 % de Cisjordania—, y reconfigurar la propiedad de la tierra según la visión colonial israelí, profundizando así la expropiación de vastas extensiones de terreno palestino. Paralelamente, las autoridades israelíes aprobaron un plan estructural a gran escala para la expansión de la colonia de “Masua” en el valle de al-Far’a, en la gobernación de Jericó, que contempla la construcción de 517 nuevas unidades de vivienda sobre aproximadamente 1.692 dunums de tierra, junto con instalaciones públicas, redes de infraestructura, vías y espacios abiertos.

Además, el Consejo Superior de Planificación de la Administración Civil israelí tiene programada la discusión de un paquete de planes de colonización que incluyen al menos 2.721 unidades de asentamiento adicionales en toda Cisjordania. Estas medidas se enmarcan en la estrategia israelí de profundizar el control territorial y la apropiación sistemática de tierras palestinas.