El Ministro Muayyad Shaban, Presidente de la Comisión Nacional de Resistencia al Muro y los Asentamientos, denunció que la firma del ministro israelí ultraderechista Bezalel Smotrich de la orden de desalojo del enclave beduino de Khan al-Ahmar, al este de Jerusalén ocupada, representa una grave escalada en la política de desplazamiento forzado y revela la determinación de la extrema derecha israelí de imponer hechos consumados sobre el Territorio Palestino Ocupado. Shaban advirtió que esta medida forma parte de un proyecto estratégico de asentamientos que busca crear continuidad geográfica entre los colonos para separar el norte del sur de Cisjordania, eliminando la posibilidad de un Estado palestino viable y contiguo. Calificó la acción como violación del derecho internacional humanitario y posible crimen de guerra, e instó a la comunidad internacional, la ONU, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional a intervenir de inmediato para detener estas políticas de anexión y desplazamiento.

El portavoz de UNICEF, James Elder, destacó, en una rueda de prensa en Ginebra, un fuerte aumento de la violencia contra los niños palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén, con al menos 70 niños muertos y más de 850 heridos desde enero de 2025. El 93 % de los niños asesinados fueron víctimas de las Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI), la mayoría de ellos con munición real. Elder señaló que todo esto ocurre en medio de niveles históricos de ataques terroristas de colonos, desplazamientos y restricciones. La rueda de prensa también puso de relieve los ataques generalizados contra escuelas, la demolición de viviendas, las restricciones a la libertad de movimiento y la destrucción de infraestructuras hídricas, todo lo cual afecta gravemente la seguridad, la educación y el bienestar de los niños. Más de 1.100 niños fueron desplazados sólo en los primeros meses de 2026, mientras que 350 niños palestinos se encuentran detenidos por las FOI, más de la mitad sin juicio, bajo la denominada «detención administrativa».  En un hecho relacionado que refleja las restricciones más amplias en Cisjordania, las autoridades de ocupación israelíes expulsaron al padre Louis Salman, párroco de la iglesia latina de Beit Sahour, tras negarse a renovar su permiso de residencia. 

Esta medida se enmarca en la creciente presión sobre las iglesias, instituciones cristianas y el clero palestinos, en medio de restricciones más amplias, ataques de colonos y medidas dirigidas contra la presencia cristiana palestina en la Palestina ocupada.

El gabinete de ocupación israelí aprobó el domingo un plan para construir instalaciones militares y de seguridad en el terreno de la UNRWA en Sheik Jarrah, Jerusalén ocupada. El proyecto incluye un museo militar, una oficina de reclutamiento e instalaciones del Ministerio de Defensa, y supone la asignación de aproximadamente 36.000 metros cuadrados de terreno al Ministerio de Defensa israelí sin licitación pública. El terreno, previamente demolido y confiscado en enero de 2026, es propiedad de la ONU, protegida por el derecho internacional y la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades.

A 222 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han asesinado a 881 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 2.621, elevando la cifra total de víctimas a 72.763 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 172.664 heridos. 

El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate. Los ataques de la ocupación israelí en Gaza se intensificaron, causando más víctimas civiles y expandiendo las zonas militarizadas, según la UNRWA. El lunes, las Fuerzas de Ocupación israelíes mataron a dos palestinos e hirieron a otros ocho en ataques separados en Gaza. Al día siguiente, un ataque con tanques israelíes cerca de la clínica Al-Tayeb en Beit Lahia hirió a doce personas, entre ellas un niño de seis años y una mujer embarazada. Las FOI también atacaron el norte de la ciudad de Gaza, matando a dos palestinos, Tamer y Mohammad al-Mutawaq, e hiriendo a varios más.

El viernes, Israel mató a siete palestinos e hirió a decenas más en un ataque aéreo contra un apartamento y un vehículo civil en el cruce de Abu Al-Kas, en el barrio de Al-Rimal. Israel también continúa restringiendo severamente el acceso a la ayuda humanitaria, limitando los suministros de vital importancia, imponiendo restricciones en los pasos fronterizos, obstaculizando la entrega de asistencia vital y perpetuando la destrucción de infraestructuras, según la OCHA.

Según el diario israelí Haaretz, Israel controla actualmente alrededor del 60% del territorio de Gaza. Funcionarios palestinos, organizaciones de derechos humanos y especialistas en sistemas de información geográfica (SIG) indican que las zonas bajo control israelí se han expandido de manera gradual más allá de la denominada “línea amarilla” original, incluyendo áreas conocidas como “línea naranja”. Un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) alerta sobre el grave deterioro de los servicios de agua, saneamiento e higiene en Gaza desde octubre de 2023, como consecuencia directa de las políticas y prácticas israelíes que han provocado la privación generalizada de servicios esenciales para aproximadamente 2,1 millones de personas. Esta situación se agrava por la proliferación de roedores e insectos portadores de enfermedades, lo que ha desembocado en una creciente crisis de salud pública y ha empeorado aún más las ya catastróficas condiciones de vida en el enclave. 

“La actual propagación de roedores e infecciones no es solo un problema de salud, sino una clara señal de la vulnerabilidad de Gaza y del casi colapso de su sistema sanitario”, advirtió el Director de Salud de la UNRWA.

Lesiones que cambian la vida colapsan el sistema de salud de Gaza

La Organización Mundial de la Salud estima que casi 43.000 palestinos han sufrido lesiones permanentes desde octubre de 2023, incluyendo unos 10.000 niños. En total, más de 172.650 personas han resultado heridas y más de 50.000 requieren rehabilitación a largo plazo (amputaciones, lesiones medulares, quemaduras y traumatismos craneoencefálicos). El sistema de rehabilitación de Gaza se encuentra en colapso total: ningún centro funciona a plena capacidad, hay escasez crítica de personal, prótesis, sillas de ruedas y equipos médicos, y miles de pacientes permanecen sin atención especializada.

La Gobernación de Jerusalén advirtió sobre las graves consecuencias de la aprobación por parte de las autoridades israelíes de un plan para forzar la evacuación de residentes palestinos y sus comercios en el barrio de Bab al-Silsila, adyacente al complejo de la Mezquita de Al-Aqsa. Según la gobernación, esta medida busca confiscar propiedades palestinas bajo el pretexto de fortalecer el control judío y la seguridad, basándose en una decisión gubernamental de hace casi 58 años y en una recomendación del exministro de Jerusalén Meir Brosh de julio de 2025. La gobernación calificó la iniciativa como una peligrosa escalada colonial que pretende desplazar forzosamente a los palestinos del centro de la Ciudad Vieja y consolidar el control sobre propiedades históricas de épocas ayubí, mameluca y otomana, incluyendo la emblemática Escuela Tashthamariyya. Instó a la ONU, la UNESCO y organismos internacionales a intervenir de inmediato para detener estas políticas de judaización y desplazamiento en torno a Al-Aqsa.

Detenciones masivas y muertes de palestinos en prisiones israelíes desde octubre 2023

Según la Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPS), Israel ha detenido aleatoria e ilegalmente a casi 23.000 palestinos en Cisjordania ocupada desde octubre de 2023, además de miles en la Franja de Gaza, muchos de ellos bajo la figura de desaparición forzada. La organización describió este período como la fase más mortal para los prisioneros palestinos desde 1967, registrando 89 muertes en custodia israelí por tortura, inanición y negación de atención médica. El total de prisioneros mártires desde 1967 se eleva a 326. Más de 9.400 palestinos permanecen encarcelados, entre ellos mujeres y detenidos administrativos. Se documentaron condiciones inhumanas en la prisión de Damon para mujeres palestinas, y cuatro médicos de Gaza detenidos en Ktzi’ot denunciaron hacinamiento, alimentación insuficiente, enfermedades sin tratar y falta de higiene.