Un proyecto de ley israelí para anular los Acuerdos Provisionales de Oslo, presentado por miembros del partido de extrema derecha «Otzma Yehudit/Poder Judío», liderado por Itamar Ben-Gvir, estaba programado para ser debatido ante la Comisión Ministerial de Legislación de la Knesset israelí el domingo por la mañana, antes de que Netanyahu, según se informa, solicitara un aplazamiento. El proyecto de ley busca abolir los Acuerdos de Oslo, el Protocolo de Hebrón y el Memorándum del Río Wye. Según el borrador, todos los acuerdos firmados entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Nacional Palestina serían «abolidos por completo y dejarían de ser vinculantes para el Estado (de Israel) o cualquier entidad que actúe en su nombre». La propuesta también incluye la derogación de la legislación promulgada para implementar el marco de Oslo y para restablecer el estatus legal y administrativo que existía antes de su firma.

La continua agresión israelí contra Gaza sigue cobrándose un precio devastador para las madres palestinas. Más allá de las miles de mujeres asesinadas desde octubre de 2023 (38.000), muchas más sufren graves padecimientos físicos y psicológicos en medio de la destrucción del sistema sanitario de Gaza y el empeoramiento de las condiciones humanitarias. Las mujeres en Gaza se enfrentan cada vez más a riesgos para la salud que ponen en peligro sus vidas, en particular las embarazadas, las madres de niños pequeños y las pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer. Las tasas de mortalidad materna se triplicaron durante el genocidio, mientras que la hambruna y la desnutrición provocadas por Israel han afectado especialmente a las mujeres embarazadas y lactantes. Al mismo tiempo, la destrucción de hospitales, incluido el único hospital especializado en cáncer de Gaza, ha mermado gravemente el acceso al diagnóstico, el tratamiento y la atención médica vital.

A 214 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han asesinado a 854 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 2.453, elevando la cifra total de víctimas a 72.740 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 172.555 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate.  UNRWA advirtió sobre el empeoramiento de los brotes de enfermedades y la grave escasez que dificultan cada vez más las operaciones de ayuda. Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que el bloqueo sostenido de Israel y las restricciones deliberadas a la ayuda han creado una grave crisis de desnutrición en Gaza provocada por Israel, que incrementa los nacimientos prematuros, los abortos espontáneos y la desnutrición infantil. Fuentes médicas en Gaza informaron que los pacientes con talasemia se enfrentan a situaciones de riesgo vital debido a la escasez de medicamentos y sangre, así como a la destrucción de los servicios de salud, y la presencia de ratas que han mordido a niños que viven en refugios improvisados. 

Al mismo tiempo, los informes revelan una grave y creciente escasez de pan y un aumento vertiginoso de los precios de la harina en toda Gaza, lo que obliga a los palestinos desplazados a hacer largas colas frente a las pocas panaderías que aún reciben apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Mientras tanto, UNRWA y la OMS advierten sobre el rápido deterioro de las condiciones de salud pública, incluidos los mayores riesgos de nuevos brotes de enfermedades en medio del hacinamiento y las malas condiciones sanitarias.

Las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han intensificado en los últimos días sus ataques aéreos con drones, bombardeos de artillería y disparos directos contra civiles y objetos civiles en la Franja de Gaza, en un patrón constante de agresiones que ha generado nuevas muertes y heridos graves. Paralelamente, han ampliado las zonas de acceso restringido mediante la introducción de la denominada “línea naranja”, que abarca hasta el 11 % adicional del territorio y eleva la superficie total prohibida o de acceso limitado al 64 % de la Franja. Esta medida representa una escalada grave en la política de reducción progresiva del espacio geográfico disponible para la población civil, que ahora queda confinada a no más del 36 % del territorio, en condiciones de hacinamiento forzado extremo, ausencia total de servicios esenciales y un deterioro acelerado de la situación sanitaria y ambiental que aumenta considerablemente el riesgo de propagación de enfermedades y amenaza las condiciones mínimas para la preservación de la vida humana. El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) documentó varios incidentes mortales ocurridos entre el 30 de abril y el 4 de mayo de 2026, entre ellos el ataque con dron que mató a Anas Mohammad Ibrahim Hamad (33 años) en el campamento de Al-Bureij; el asesinato de Musa Salem Fathi Al-Abyad (43 años) por fuego directo en Beit Lahia; y la muerte de un adolescente de 15 años (Riyadh Naji ‘Abdullah Abu Namar) mientras auxiliaba a un herido en Khan Younis. 

PCHR califica estas acciones sistemáticas, junto con el asedio prolongado, las restricciones de movimiento y las políticas de hambruna, como un conjunto complementario de actos que configuran crímenes de genocidio conforme al Derecho Internacional, en particular la Convención de 1948. Por ello, exige el cese inmediato y total de los ataques contra civiles, la eliminación de las líneas restrictivas (“naranja” y “amarilla”), el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población y la activación de mecanismos de rendición de cuentas para poner fin a la impunidad.

Colonos israelíes llevaron a cabo una nueva ola de incursiones violentas en Cisjordania ocupada, incendiando viviendas y vehículos y agrediendo a palestinos. Entre los incidentes destacan el ataque con objetos punzantes a un hombre y su hijo en Khirbet Shuweika (sur de Hebrón), quienes resultaron heridos en la cabeza; el incendio de una casa en al-Lubban Asharqiya (sur de Nablus); la quema de un vehículo y grafitis racistas en Abu Falah (Ramala); la exhumación forzada de un cadáver en al-Asa’asa (Jenín) y la agresión a un palestino con robo de su teléfono en Beit Fajjar (Belén). Estos hechos ocurren en un contexto de total impunidad para los colonos, tras la aprobación israelí el pasado febrero de un plan para declarar amplias áreas de Cisjordania como “propiedad estatal”, donde viven más de 700.000 colonos  israelíes en asentamientos ilegales.

Ex relator de la ONU: Los ataques contra cristianos en Palestina están vinculados a su identidad palestina

El ex relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, Michael Lynk, afirmó que los ataques contra cristianos en Palestina están vinculados principalmente al hecho de que son palestinos, y añadió que el gobierno israelí busca erradicar a los palestinos, incluidos los cristianos, al tiempo que advirtió sobre una escalada de ataques por parte de los colonos contra los cristianos palestinos. En un comunicado de prensa emitido el sábado, Lynk señaló que la investigación sobre la agresión a una monja en Jerusalén sólo se inició tras la presión internacional, y agregó que los colonizadores y las Fuerzas de Ocupación Israelíes han intensificado sus ataques contra comunidades cristianas palestinas, lugares de culto y aldeas en los últimos años, según la gran mayoría de los informes documentados sobre derechos humanos en la materia. Explicó además que Jerusalén presenció este año, por primera vez en siglos, la prohibición de la celebración de uno de los rituales religiosos de la comunidad cristiana. Lynk afirmó que esto se enmarca en los esfuerzos de Israel por profundizar su ocupación de los territorios palestinos en un contexto de impunidad y ausencia de rendición de cuentas internacional.

El exfuncionario de la ONU calificó de limitadas las reacciones internacionales ante la situación de los cristianos palestinos, a pesar de la amplia presencia de cristianos en todo el mundo. Respecto a los asentamientos coloniales en el Territorio Palestino Ocupado, Lynk afirmó que constituyen una violación del Derecho Internacional, y añadió que el Derecho Internacional Humanitario y penal considera el establecimiento de asentamientos civiles en territorio ocupado un crimen de guerra.