El parlamento israelí (Knéset) ha aprobado una ley que impone la pena de muerte por ahorcamiento como condena por defecto para los palestinos de la Cisjordania ocupada que sean sometidos a sus tribunales militares y condenados por ataques letales calificados por Israel como “terrorismo”. Esta medida, que establece un plazo máximo de 90 días para las ejecuciones, es una violación flagrante del IV Convenio de Ginebra. Israel, en su calidad de potencia ocupante, carece de soberanía y jurisdicción para extender su legislación sobre el territorio palestino. Las organizaciones de presos palestinos,  subrayan que las cárceles israelíes han sido durante mucho tiempo escenarios de tortura sistemática y ejecuciones lentas, con más de cien presos palestinos asesinados tras las rejas desde el inicio de la guerra genocida de Israel, y decenas sometidos a desaparición forzada. Un informe reciente de la ONU confirma que el sistema penitenciario israelí se ha convertido en un «laboratorio de crueldad calculada», añadiendo que «lo que antes se practicaba en la sombra ahora se practica abiertamente: un régimen de humillación, dolor y degradación organizados, sancionado al más alto nivel político». Desde octubre de 2023, más de 18.500 palestinos han sido detenidos en toda la Palestina ocupada, entre ellos al menos 1.500 niños. El nivel de deshumanización quedó en evidencia durante la votación, la cual fue celebrada entre vítores en el parlamento. Ministros extremistas del gobierno de ocupación festejaron la medida portando, de manera grotesca, insignias con forma de soga en sus solapas.

A 172 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han asesinado a 709 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 1.928, elevando la cifra total de víctimas a 72.285 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 172.028 heridos. El balance aún es incompleto, ya que muchas víctimas permanecen atrapadas bajo los escombros, inaccesibles para las ambulancias y los equipos de rescate. Mientras tanto, la UNOCHA informa que las operaciones humanitarias siguen estando gravemente limitadas debido a las restricciones impuestas por Israel, y miles de personas permanece desplazadas en refugios, enfrentando condiciones cada vez más precarias a medida que Israel intensifica su bloqueo a Gaza empujando a la población civil hacia una «nueva hambruna». Incidentes recientes ponen de manifiesto el continuo impacto en la población civil: Un ataque con dron israelí impactó un vehículo en el campamento de refugiados de Nuseirat, asesinado a tres palestinos e hiriendo a diez. En la ciudad de Gaza, un bombardeo israelí asesinó a un palestino e hirió a varios más. Khaled Saif al-Din Arada, un niño palestino de 13 años, fue asesinado por disparos israelíes en la zona de al-Mawasi. Además, cuatro palestinos fueron asesinados y varios resultaron heridos en un ataque aéreo israelí al norte de la aldea de Az-Zawayda.

Según un informe de Peace Now, las autoridades de ocupación israelíes han llevado a cabo desalojos forzosos en el barrio de Batan al-Hawa, en Silwan, expulsando a familias palestinas de sus hogares y reemplazándolas con colonos israelíes. El informe señala que al menos 37 familias palestinas ya han sido desplazadas por la fuerza, y que alrededor de 60 familias más se encuentran actualmente en riesgo de desplazamiento forzoso. Asimismo, el Equipo Humanitario de las Naciones Unidas en el país ha advertido que estas prácticas constituyen una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y forman parte de un patrón más amplio de traslados forzosos en Jerusalén ocupada. Las Naciones Unidas han instado urgentemente a las autoridades de ocupación israelíes a que detengan de inmediato los desalojos, frenen y reviertan la expansión de los asentamientos y garanticen la protección de la población civil palestina, haciendo hincapié en la necesidad de permitir que las familias desplazadas regresen a sus hogares y reciban plenos recursos legales.

Euro-Med Human Rights Monitor documentó que el Ejército israelí destruyó el 93,5 % de los 62 cementerios oficiales de la Franja de Gaza desde octubre de 2023: 39 fueron arrasados completamente (62,9 %) y 19 sufrieron daños parciales (30,6 %), dejando solo cuatro intactos (6,4 %). La organización denuncia que la demolición y el bulldozing no fueron incidentales ni justificados por necesidad militar, sino una acción deliberada y planificada que incluyó exhumaciones masivas —como la de más de 700 cuerpos en el cementerio de al-Batsh, al este de Gaza, en enero de 2026—, mezcla de restos y conversión de sitios en cuarteles militares. Estos actos, según el informe, violan el derecho internacional humanitario al atentar contra la dignidad de los muertos, impedir su identificación y borrar evidencias para futuras investigaciones. Euro-Med Monitor urge a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar estos hechos como crímenes de guerra y posibles actos genocidas, y demanda la creación inmediata de un banco de ADN, la preservación de imágenes satelitales y el cese de cualquier apoyo que facilite estas violaciones.

Durante años, los niños palestinos en Cisjordania han sufrido violencia sistemática y privaciones, quedando aislados de escuelas, hospitales y servicios básicos. Con el desplazamiento de la atención mundial hacia el conflicto regional, la violencia de colonos se ha intensificado día a día. UNICEF ha documentado un aumento de asaltos directos contra niños, lo que genera mayor desplazamiento y necesidades humanitarias urgentes. El 10 de febrero, 13 hogares beduinos fueron expulsados por la fuerza de la aldea Ad Dyouk Al Tahta, en Jericó: adultos y niños fueron amenazados y golpeados mientras demolían sus refugios, dejando a 47 niños y sus familias expuestos al aire libre sin protección durante dos noches consecutivas. Como respuesta inmediata, UNICEF activó su Mecanismo de Respuesta Rápida y, en 24-48 horas, entregó bidones de agua, kits de higiene, suministros para lactantes, kits recreativos para apoyo psicosocial y asistencia humanitaria en efectivo. Desde julio de 2025, la organización ha atendido a más de 1.600 familias desplazadas, incluyendo a más de 800 niños, con apoyo adicional en salud mental, agua potable, saneamiento y educación. Las familias exigen protección, reubicación, acceso seguro a escuelas y agua para ellas y su ganado. UNICEF destaca la necesidad crítica de financiamiento humanitario flexible para sostener y ampliar estas intervenciones ante el rápido aumento de las necesidades.

La vida cotidiana palestina (en Cisjordania) se ve empañada por una nueva ola de violencia mientras el mundo mira hacia otros lugares

Según informe un informe de Médicos Sin Fronteras, en la Cisjordania ocupada, la población palestina enfrenta una escalada dramática de violencia por parte de fuerzas israelíes y colonos, caracterizada por incursiones nocturnas, demoliciones de hogares, arrestos masivos y ataques armados cada vez más letales. Según testimonios recopilados por MSF, los colonos actúan con impunidad, disparando a matar, mientras los residentes carecen de refugios y sistemas de alerta ante los ataques con misiles. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de marzo de 2026, 1.071 palestinos, incluyendo 233 niños, han sido asesinados en Cisjordania y Jerusalén. Esta situación ha generado un profundo sentimiento de abandono, con espacios vitales que se reducen progresivamente ante la mirada indiferente de la comunidad internacional. Simultáneamente, el acceso a la atención médica se ha visto gravemente obstaculizado por restricciones de movimiento, cierres de checkpoints y designaciones de zonas militares. MSF ha tenido que reducir drásticamente sus operaciones, pasando de 17 a 5 clínicas móviles en áreas como Masafer Yatta, y su personal internacional fue obligado a abandonar Palestina en marzo de 2026. El impacto psicológico es severo, con síntomas de trauma continuo, hipervigilancia y trastornos de estrés que afectan la resiliencia comunitaria. Ante esta crisis humanitaria, MSF reafirma su compromiso de continuar proporcionando atención médica mientras sea posible, subrayando la responsabilidad de Israel bajo el Derecho Internacional Humanitario de proteger a los civiles y facilitar el acceso a servicios esenciales de salud.