Desde 2022, el Área «C» definida por Oslo en Cisjordania ha experimentado una transformación estructural en el control territorial israelí, superando las políticas graduales instrumentadas por la ocupación israelí, previamente descritas como «anexión progresiva», hacia un sistema integrado de reestructuración administrativa, jurídica y territorial. Medidas legislativas, órdenes militares y decisiones gubernamentales —aceleradas durante el período 2022-2026— han transferido competencias del control militar a las autoridades civiles, han expandido la actividad de asentamientos, han ampliado la aplicación de la ley en zonas palestinas y han facilitado la adquisición de tierras por parte de colonos directamente, sin supervisión gubernamental. La decisión israelí de febrero de 2026 (Decisión Gubernamental 3559) de reanudar la colonización y el registro de tierras en la Zona “C” por primera vez desde 1967 marca un cambio significativo desde la “administración militar temporal” hacia la institucionalización de acuerdos de propiedad a largo plazo. Al priorizar la clasificación catastral y los estándares probatorios que trasladan la carga de la prueba a los palestinos, la medida desvía el debate de la legalidad de la presencia de Israel como potencia ocupante a una cuestión técnica de derechos de propiedad.

A 151 días de la implementación del acuerdo de cese al fuego, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) han asesinado a 631 palestinos en la Franja de Gaza y herido a otros 1.700, elevando la cifra total de víctimas a 72.116 en la Franja desde el inicio del genocidio, además de 171.798 heridos. Fuentes médicas y locales también informan del uso continuo de fuerza letal, incluyendo la muerte de un palestino y heridas a varios más, tras un ataque aéreo contra civiles en el sur de Gaza. El miércoles se reportaron más víctimas, incluyendo la muerte de un joven y varios heridos, mientras que siete palestinos murieron el viernes. Las fuertes lluvias invernales han inundado recientemente las tiendas de campaña que albergan a familias desplazadas en toda la Franja de Gaza durante el mes sagrado del Ramadán, lo que ha agravado las  precarias condiciones de vida, que se mantienen en niveles indignos, en medio de las continuas restricciones a la entrada de materiales para refugios.

La semana pasada, colonos israelíes y Fuerzas de Ocupación de Israel (FOI) llevaron a cabo múltiples ataques e incursiones en la Cisjordania ocupada. Colonos armados irrumpieron en aldeas palestinas, incendiaron estructuras agrícolas, pastorearon ganado en tierras privadas y amenazaron a ciudadanos palestinos, mientras soldados israelíes disparaban gas lacrimógeno y munición real durante sus incursiones. Al mismo tiempo, las FOI llevaron a cabo asaltos militares generalizados y allanamientos de viviendas, deteniendo a varios palestinos en sus hogares y abriendo fuego en diversas zonas.

Planes de Israel amenazan la soberanía financiera palestina y acceso a bienes esenciales

Los planes israelíes y estadounidenses para reconstruir Gaza buscan eliminar el efectivo y convertir la economía en un sistema digital sin soberanía palestina, gestionado por entidades externas alineadas con Israel. Según Euro-Med Monitor, Liran Tancman —empresario israelí y exoficial de la Unidad 8200 de inteligencia, vinculado a la Gaza Humanitarian Foundation (GHF)— propone un “backbone digital seguro” para pagos electrónicos, educación, servicios financieros y logística tipo Amazon, lo que transformaría el acceso al dinero en un privilegio revocable sujeto a decisiones de seguridad militar. Esta estrategia, advierte la organización, se convertiría en una herramienta de coerción total: permitiría monitoreo en tiempo real, congelamiento arbitrario de fondos y castigos colectivos, violando el derecho internacional humanitario (castigo colectivo, hambruna como arma de guerra). Sin soberanía palestina sobre datos y finanzas, afectaría especialmente a periodistas, activistas y defensores de derechos, convirtiendo comida, medicinas y refugio en herramientas de control.

OCHA advierte que la escalada regional agrava la crisis humanitaria en Gaza

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) alertó que la actual escalada regional está afectando directamente la situación humanitaria en Gaza, donde todos los cruces fronterizos, incluido el de Rafah, permanecen cerrados. En un comunicado, OCHA informó que la rotación del personal de la ONU se ha pospuesto, lo que ha suspendido las evacuaciones médicas y el regreso de residentes desplazados, mientras el bloqueo total amenaza con paralizar por completo las operaciones de ayuda. El racionamiento de combustible por falta de reservas afecta el funcionamiento de panaderías, hospitales y plantas desalinizadoras, y ha obligado a suspender la recolección de residuos; además, algunas zonas solo reciben dos litros de agua potable al día y los precios de los productos básicos se han disparado. En Cisjordania, la mayoría de los puestos de control están cerrados, lo que dificulta la circulación de los palestinos y afecta sus medios de vida, los servicios esenciales y las operaciones humanitarias. La OCHA exigió proteger a la población civil y garantizar la entrada y circulación sin obstáculos de la ayuda humanitaria, de conformidad con el derecho internacional humanitario.

En febrero de 2026, las autoridades israelíes registraron 20 nuevos planes de asentamientos en Jerusalén Este y Cisjordania, anunciando la construcción de 1.628 unidades de vivienda y controlando 125,6 hectáreas de tierra palestina. Destaca la aprobación de seis planes en Cisjordania que suman 665 viviendas y tres licitaciones para otras 252 unidades, mientras que en Jerusalén se depositaron y aprobaron proyectos en Gilo, Giv’at Hamatos y Giv’at Shakid por 663 viviendas adicionales. Paralelamente, se ejecutaron 11 acciones de confiscación y registro, incluyendo 100 hectáreas declaradas “tierra estatal” en Givat Arnon y 5,6 hectáreas despejadas de vegetación en Sur Baher. El informe revela además medidas estructurales de gran calado: el gabinete aprobó una ley histórica para registrar todas las tierras del Área C, destinando 244 millones de shekels; anunció el registro total de Jerusalén Este para 2029 mediante el Custodio de Propiedad Ausente; y autorizó la compra directa de tierras palestinas por ciudadanos israelíes sin supervisión estatal. El Plan 240/3 para crear un nuevo barrio de 2.970 viviendas en Adam/Givat Binyamin, que extendería de facto los límites municipales de Jerusalén por primera vez desde 1967, confirma que febrero 2026 marcó un salto cualitativo en el proceso de anexión.