Tras 81 días desde el acuerdo de alto al fuego, Israel, la Potencia Ocupante, ha asesinado a 414 palestinos en Gaza y herido a 1.145, elevando la cifra a 71.266 palestinos asesinados en Gaza desde el comienzo del genocidio. Según Haaretz, imágenes satelitales recientes revelan que las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) continúan la demolición sistemática de edificios en zonas bajo su control, incluso después de la entrada en vigor del alto el fuego. La OCHA informó que, entre el 22 y el 23 de diciembre, la actividad militar israelí se intensificó en el norte de Gaza, la ciudad de Gaza, Deir al Balah, Khan Younis y Rafah, con bombardeos, ataques aéreos, fuego de tanques y armas pequeñas, lo que causó víctimas y cuantiosos daños. El presidente Mahmoud Abbas enfatizó la urgente necesidad de hacer cumplir el alto el fuego y garantizar el flujo inmediato y sin obstáculos de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicamentos y suministros de refugio.

Israel aprobó el reconocimiento de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. La decisión, promovida por funcionarios de extrema derecha, fue descrita como un intento de impedir la creación del Estado de Palestina. El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que la continua expansión de los asentamientos alimenta las tensiones, restringe el acceso de los palestinos a la tierra y socava la viabilidad de una solución biestatal. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de  Palestina condenó enérgicamente la decisión, calificándola de una peligrosa escalada que busca consolidar el control colonial sobre la totalidad del territorio palestino, subrayando que representa una extensión directa de las políticas de apartheid, expansión de asentamientos y anexión, socavando los derechos inalienables del pueblo palestino. El Ministerio subrayó que esta decisión declara oficialmente la comisión de un crimen de guerra de conformidad con el derecho internacional, incluido el Estatuto de Roma, las Convenciones de Ginebra y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, haciendo hincapié en la necesidad de rendición de cuentas y el fin de la impunidad.

El informe de prensa de la OLP-NAD describe cómo la ocupación israelí y las políticas coloniales amenazan sistemática y gravemente la presencia cristiana en la Palestina ocupada. Además, destaca las medidas represivas israelíes, como la expansión de los asentamientos, el terrorismo de colonos, el muro de anexión, los regímenes de permisos y puestos de control, y la redefinición de la imagen de los lugares cristianos, que restringen el acceso de los palestinos a los lugares sagrados y socavan su libertad de culto. El informe también documenta ataques contra iglesias, propiedades eclesiásticas, clérigos y peregrinos, junto con la extensa destrucción de instituciones cristianas en Gaza. Concluye que estas acciones constituyen graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, que podrían constituir el delito de persecución según el Estatuto de Roma, e insta a una intervención internacional urgente para implementar la opinión consultiva de la CIJ de 2024 y salvaguardar la diversidad religiosa y cultural de Palestina.

Según el último informe de B’Tselem, la mayor parte de la población de Gaza ha sufrido repetidos desplazamientos forzados desde octubre de 2023. Aproximadamente 1,9 millones de palestinos —cerca del 90% de los ciudadanos de la Franja— han sido desplazados forzosamente al menos una vez, a menudo varias veces, tras reiteradas órdenes de desplazamiento forzado. Israel ha concentrado a los civiles en zonas cada vez más reducidas que posteriormente fueron bombardeadas a pesar de estar designadas como «zonas seguras». Dadas estas previsibles consecuencias, el informe concluye que «el desplazamiento debe entenderse como una herramienta fundamental que Israel utilizó para destruir a la sociedad palestina en Gaza como grupo; en otras palabras, para cometer genocidio contra los palestinos».

Médicos Sin Fronteras advierte amenaza a sus actividades por normas de registro israelíes

Las actividades humanitarias vitales de Médicos Sin Fronteras en Gaza se ven amenazadas por las normas de registro israelíes. Las nuevas normas de registro de Israel para las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) podrían dejar a cientos de miles de personas en Gaza, Palestina, sin atención médica vital en 2026, advierte Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las mayores organizaciones médicas que operan actualmente en Gaza. Los nuevos requisitos amenazan con retirar el registro de las ONGI a partir del 1 de enero. Esta falta de registro impediría a organizaciones como MSF prestar servicios esenciales a la población de Gaza y Cisjordania. “Durante el último año, los equipos de MSF han tratado a cientos de miles de pacientes y distribuido cientos de millones de litros de agua.” Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de MSF para Gaza.

Durante la última semana, las FOI continuaron realizando asaltos militares y actividades de demolición en la Cisjordania ocupada y Jerusalén. El martes pasado, se retiraron del campo de refugiados de Qalandia y de Kafr Aqab, al norte de la Jerusalén ocupada, tras horas de ataques que causaron múltiples heridos, casos de asfixia por gas lacrimógeno, daños materiales y detenciones, según la Media Luna Roja Palestina. El miércoles, fuerzas israelíes y excavadoras demolieron una casa en la localidad de Bazariya, al noroeste de Nablus. En la Jerusalén ocupada, cuatro apartamentos residenciales e instalaciones agrícolas fueron destruidos en Al-Issawiya, junto con dos viviendas en Jabal al-Mukaber.