traducción no oficial
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados observa con la máxima gravedad y condena la aprobación por parte de las autoridades de ocupación israelí de un plan que contempla la construcción de instalaciones militares y de seguridad israelíes sobre las ruinas del local de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (“UNRWA”) en el barrio de Sheikh Jarrah, en la ciudad ocupada de Jerusalén, bajo la denominación de museo, y lo considera un peligroso precedente cuyo efecto no se limita únicamente a la situación existente en la ciudad ocupada, sino que se extiende y afecta directamente los fundamentos jurídicos que rigen el funcionamiento de las Naciones Unidas y de sus instituciones, así como su inmunidad en los territorios bajo ocupación.
El Ministerio reafirma que la Agencia “UNRWA” fue creada por un mandato de las Naciones Unidas emanado de la Asamblea General, que refleja la continuidad de la responsabilidad internacional respecto de la cuestión de los refugiados palestinos, de conformidad con las resoluciones de la legitimidad internacional. En consecuencia, cualquier intento dirigido a socavar la existencia de la Agencia o a modificar el estatuto jurídico de sus locales constituye una afectación a los derechos inalienables del pueblo palestino y a la voluntad de la propia comunidad internacional.
El Ministerio señala que la gravedad de este precedente radica también en lo que podría sentar como base para un desgaste gradual de la protección jurídica establecida para las instituciones internacionales que operan en zonas de conflicto y ocupación, abriendo así la puerta a la subordinación de su labor humanitaria y jurídica a consideraciones de fuerza y de hecho consumado; cuestión que no afecta únicamente al caso palestino, sino que incide en la credibilidad del sistema internacional basado en el respeto de las normas del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas.
El Ministerio reafirma que todas las medidas israelíes encaminadas a imponer disposiciones, leyes o cualquier cambio en la situación jurídica en la Jerusalén Este ocupada, incluidas aquellas relativas a los locales de las Naciones Unidas, siguen siendo nulas y carentes de valor jurídico, y no producen efecto legal alguno, toda vez que Israel no posee soberanía alguna sobre la ciudad de Jerusalén, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia, las cuales han afirmado de manera clara la ilegitimidad de las medidas de anexión y asentamiento, así como de cualquier medida unilateral ilegal en el territorio palestino ocupado en 1967, incluida Jerusalén Este.
El Ministerio insta a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros a adoptar medidas claras y efectivas para responsabilizar a los violadores del derecho internacional de la autoridad de ocupación, de manera que se garantice la protección de las Naciones Unidas, de su personal y de sus locales, y se preserve el mandato de sus instituciones en el territorio palestino ocupado, así como la salvaguarda de sus sedes de conformidad con el derecho internacional, con el fin de proteger los derechos del pueblo palestino y la posición del sistema internacional basado en el derecho internacional, evitando que se cree un precedente que afecte los fundamentos de la acción internacional multilateral.
El Ministerio subraya que los derechos del pueblo palestino, y en primer lugar el derecho al retorno, la compensación y la libre determinación, son derechos firmes y consagrados conforme al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas, y constituyen derechos inalienables que no pueden extinguirse ni anularse por efecto de las medidas de la ocupación ni de la política del hecho consumado.
Ramallah, 18 de mayo de 2026